Romero - La búsqueda de una fórmula supletoria

La búsqueda de una fórmula supletoria

Después de la revolución de 1955, por sobre aquellos problemas sociales y económicos, en los que asomaban las tensiones de los diversos intereses sectoriales, flotaba el hecho político de la persistencia de una masa mayoritaria aglutinada alrededor de un líder político proscripto. Ese hecho político se transformó en la principal y constante preocupación de quienes buscaron o ejercieron el poder, todos ansiosos por encontrar una fórmula política supletoria para salir de la encrucijada. Hallar una manera de derivar de sus propios cauces el voto y el apoyo de la masa peronista. Había que empezar por descubrir y reconocer la existencia de los nuevos sectores y los términos de los nuevos problemas.

Ya no estaban en presencia solamente de los viejos partidos políticos sino también de los viejos grupos de poder como la iglesia y las fuerzas armadas y los nuevos actores como los empresarios de pequeña y mediana industria y los sindicatos obreros. La división de todos los partidos políticos dejó al descubierto la progresiva reagrupación de sectores que antes parecían coincidentes. El problema político se concentró acerca de qué hacer con la masa mayoritaria que seguía fiel al líder proscripto. A Perón le correspondió, al fin y al cabo, hallar una fórmula supletoria de su propio nombre, con cuyo triunfo en 1973 inauguraría una nueva etapa de gobierno.

Las nuevas situaciones y las respuestas aleatorias

El régimen depuesto había acelerado un proceso de cambio social y económico y esa aceleración había modificado su estilo político. Se había constituido una república de masas. El gobierno surgido de la que se autodenominó “Revolución Libertadora” fijó su interés en la restauración de la democracia formal que resguardaría los principios republicanos y las garantías de la república de masas.

La aspiración al bienestar y al consumo creció considerablemente y muchos grupos tomaron conciencia de su marginalidad. Poco a poco creció un proletariado industrial sindicalmente organizado dentro de una concepción verticalista. Lonardi fue depuesto por su vago intento de una política de conciliación. El general Aramburu asumió el poder. El drama que quedó a la vista consistió en que eran muchos los antiperonistas y muchos los peronistas.

Se hicieron visibles los problemas estructurales y la deuda externa, pero el gobierno de la Revolución Libertadora se vio atrapado por el problema político de la masa peronista. Esta propuso respuestas de orientación liberal. Pero la realidad se opuso a la plena restauración del liberalismo y perduraron ciertas tendencias intervencionistas en la economía, y en la política continuó la proscripción del peronismo.

Arturo Frondizi precipitó la división de la Unión Cívica Radical, esbozando una aproximación al peronismo. Mientras tanto, el gobierno decretó la nulidad de la Constitución de 1949 y llamó a elecciones para reunir una Asamblea Constituyente que debía reformar la Constitución de 1853. El peronismo resolvió votar en blanco y en las elecciones de 1957, el voto en blanco resultó mayoría. La UCRI se distanció más aún del gobierno y, al reunirse la Asamblea Constituyente, impugnó la convocatoria y se retiró de las deliberaciones.

Ya en noviembre de 1956 la Convención Nacional de la UCR había proclamado la candidatura de Frondizi. Una negociación con Perón le aseguró los votos necesarios, y en la elección de 1958, Frondizi fue elegido presidente. Fue la primera fórmula supletoria. Frondizi había buscado respaldo para su gobierno en otras fuerzas, como si intentara restablecer el esquema político de Perón. En el ejercicio del poder Frondizi promovió intensamente el crecimiento de las industrias básicas, cumpliendo las finalidades de su proyecto desarrollista. Más allá de que pudo normalizar la Confederación General del Trabajo a través de la Ley de Asociaciones Profesionales, la presión militar y cierto clima de la opinión pública le impidió cumplir con otros puntos no menos importantes, produciendo la ruptura con Perón.

El ensayo desarrollista había seguido su curso con cierto éxito práctico, pero empañado por la creciente influencia de los capitales multinacionales. Triunfante en la capital, el frondizismo fue derrotado en 9 provincias. Aunque Frondizi no vaciló en intervenirlas, las fuerzas armadas lo depusieron en 1962. El ensayo desarrollista había terminado.

La crisis de los partidos políticos

Cualquiera haya sido el éxito del ensayo desarrollista trajo un nuevo estilo político y dejó planteadas nuevas opciones en materia económica. Con esto se agudizó la confusión de la opinión pública. Lo que caracterizó al período posterior a 1955 fue la liberación de innumerables opiniones sobre problemas poco tratados antes en el país. El resultado fue la división de los viejos partidos y la aparición de algunos nuevos que no tardarían en dividirse.

La UCR Intransigente, encabezada por Frondizi, pactó con Perón. La UCR del Pueblo, dirigida por Balbín, fue alrededor del problema del petróleo y en adelante la tendencia al nacionalismo económico y a la estatización pareció robustecerse. Por razones semejantes se había dividido el movimiento conservador. Lima reunía a los partidarios de una alianza con Perón en el Partido Conservador Popular. El mismo tema produjo la división en el Partido Socialista. Dentro del peronismo, a partir de la revolución que lo apartó del poder, se notó un enfrentamiento entre los que aspiraban a reconquistar el poder por la vía revolucionaria y aquellos que se mostraban dispuestos a transar con la nueva situación.

Una definición sustancial se dio en 1965 cuando se enfrentaron los sindicalistas vandoristas ante otro candidato fiel a la tradición de la autoridad de Perón. Perón echo el peso de su autoridad sobre los que querían un “peronismo sin Perón”. Esto resultó en un acercamiento entre el gremialismo vandorista y los militares que planearían el derrocamiento de Illia. Arturo Illia resultó triunfante en las elecciones gracias a la UCRP, pero su línea política no ofreció cambio alguno. En muchas mentes estaba claro que el gobierno radical debía caer para que ocupara la dirección del país el poder militar y el poder sindical.

El poder militar y el poder sindical

El poder militar y el poder sindical constituyen las bases de sustentación del sistema montado por Perón después de 1945. Esta fue otra fórmula aleatoria más, puesto que ninguno de los poderes era verdaderamente eficaz mientras Perón conservara el apoyo incondicional de una masa mayoritaria. El poder militar vio en la Ley de Asociaciones Profesionales una maniobra destinada a vincular al poder político con el poder sindical, lo que lo enfrentó a Frondizi y lo depuso en 1962.

El poder militar tuvo que esclarecer el verdadero alcance de su pensamiento político. Los que apoyaban el pensamiento conservador, llamados “colorados”, fueron vencidos por el bando “azul”, cuya tendencia era más comprensiva de la realidad social. El jefe de los “azules”, Onganía, suscribió dos comunicados en donde dejaba en claro su política de no negar la vida política de quienes desean convivir en democracia. El poder militar dejó en claro que no estaba dispuesto a avalar dictaduras conservadoras antiperonistas. En 1963, la CGT pudo desencadenar el “Plan de Lucha” contra el gobierno de Illia, que se manifestó en huelgas y hacía crecer las sospechas de si el objetivo final sería crear un ambiente propicio para un golpe militar. No faltaban testimonios para probar que el poder sindical y el poder militar estrechaban sus relaciones.

El fracaso de la paz militar

La falta de apoyo sindical y la ausencia de una fórmula que permitiera mantener alejado al peronismo del poder debilitaron al gobierno radical y robustecieron la tendencia del poder militar a hacerse cargo del gobierno. Producido el derrocamiento de Illia en 1966, el poder militar confió el gobierno a Onganía, quien inició lo que se llamó la “Revolución Argentina”.

En poco tiempo el gobierno se dio un “Estatuto de la Revolución” cuyas prescripciones invalidaban las de la Constitución y congeló la actividad política. Tales hechos dieron al gobierno una imagen confusa y sospechosa en cuanto a su orientación política. Se había supuesto que la Revolución Argentina llevaría a cabo el plan del bando azul. Por el contrario, se había descartado el plan del retorno a la democracia y al sistema institucional.

La definición económica se produjo al iniciar su acción en 1967 el nuevo ministro de Economía Krieger Vasena. El ministro se atuvo a un plan cuyas metas unían las conocidas fórmulas para reducir la inflación con elementos nuevos como la retención a las exportaciones y un ambicioso plan de obras públicas. Así, mientras las empresas “eficientes” consolidaban su posición, los sectores populares se convertían en víctimas de la nueva política.

Un vago perfume corporativista se difundió a través de toda la obra de gobierno. El gobierno de la Revolución Argentina ignoró durante largo tiempo que estaba perdiendo apoyo tanto militar como sindical. Un grupo, el más combativo de la CGT se separó en 1968 y se conoció como CGT de los Argentinos. Tantas disidencias desembocarían por fin en actos de violencia. Nada quedó de la paz militar. Ya no quedaba por experimentar ninguna fórmula que sorteara la influencia mayoritaria del peronismo.

Los movimientos populares

La violencia fue tomando formas distinta e inéditas. Había empezado a desarrollarse la guerra de guerrillas en algunas regiones del país. Entretanto, tomaban los movimientos populares otra fisonomía. El episodio más impresionante fue el producido en Córdoba, conocido como el “cordobazo”. Los estudiantes, peronistas e izquierditas se incorporaron a la insurrección urbana que tomó los caracteres de un estallido social. La policía fue superada y tuvieron que intervenir los militares. El peronismo y la izquierda clásica orientaban a los grupos más activos. Córdoba volvió a contemplar otra pueblada de semejantes caracteres en 1971, que el pueblo llamó el “viborazo”, y que logró que renunciase un indeseable gobernador.

La aglutinación espontánea de las masas populares revelaba que la sociedad misma sufría un profundo sentimiento de frustración. La consecuencia fue la formación de un nuevo poder que se presentaba en el escenario: el poder popular. Este se impuso cuando asumió sus funciones el nuevo presidente elegido por el peronismo, Héctor Cámpora. Esa presencia incontenible alarmó a la mayoría de los sectores de la opinión pública y particularmente a los sectores militares.

La polarización alrededor de Perón

A partir del “cordobazo” empezó a ser evidente la idea de que no había otra salida que devolver el poder a la masa mayoritaria. Las nuevas generaciones crearon una disyuntiva entre el poder militar y Perón. La consecuencia fue una progresiva polarización alrededor de Perón. Sin duda el poder militar había quedado descolocado. La consecuencia fue una progresiva aceptación de que la mejor salida era acabar con la proscripción del peronismo y de su jefe. Partido popular por tradición, el radicalismo reconocía el eminente carácter popular del peronismo y veía en él un buen aliado para la lucha por el retorno a la legalidad constitucional.

Todos los partidos políticos llegaron a la conclusión de que debían levantarse las proscripciones. El 11 de noviembre de 1970, un grupo de partidos políticos, encabezados por el radicalismo y el peronismo, suscribía un acuerdo muy general. El documento se conoció como “La hora del pueblo”, y expresaba:

El camino para salir de esto

Partidos políticos

Los partidos deben renovarse en lo humano y lo estructural. Debe reconocérsele la vigencia que jamás perdieron y los partidos deben actuar para que el pueblo actúe.

Estatuto político

La futura organización de los partidos y movimientos debe asegurar el poder de decisión de los ciudadanos.

Plan político

Fecha cierta de elecciones generales en todo el país, para que el pueblo elija a sus gobernantes. Nuestro país necesita urgentemente una nueva selección de dirigentes.

Compromiso de partidos

Los partidos se comprometen desde ya a crear, instrumentar e institucionalizar un régimen de gobierno con ciertas cualidades que aseguren su legalidad constitucional.

La Liberación Nacional

Nuestra Argentina es, hoy, un territorio ocupado por intereses extranjeros. La primera tarea es liberarnos. Una nación grande se construye a partir de una necesidad nacional compartida. La Liberación Nacional convoca a todos los argentinos, civiles y militares. La lucha por la Liberación Nacional marca, justamente, la hora del pueblo.

Entretanto, los partidos que habían constituido “La hora del pueblo” creyeron oportuno ahondar en el intercambio de puntos de vista y elaboraron unas “Coincidencias programáticas”, en las que descartaban el viejo modelo del país agropecuario y ensayaban uno de acentuado carácter industrial. Gracias a la política de coincidencias, la disputa por el poder no alcanzó demasiada vehemencia. Se aceptó tácitamente que era inevitable el triunfo de Perón.

Lo que ocurrió desde entonces fue un curioso proceso de aglutinación de la opinión pública alrededor de Perón. Era evidente que la figura simbólica de Perón reemplazaba aceleradamente a su figura real. Perón quedó consagrado ante crecientes sectores de la opinión pública como representante simbólico de una política nacional y popular, en la que estaba muy claro lo que el país no quería, pero que no llegó a definir positivamente sus contenidos. Contaba el peronismo con un núcleo sólido de opinión que correspondía a su vieja tradición. Era el peronismo histórico. Ese núcleo identificaba la tendencia social y económica de Perón y aceptaba todas sus implicancias políticas: la autoridad indiscutida del conductor y el autoritarismo que se deriva de ella. Alrededor de ese núcleo se aglutinaron grupos diversos y contradictorios. En cada uno de ellos era distinto el sentido de la palabra “revolución”, de la frase “liberación nacional”.

De todos modos, cualesquiera fueran las ideologías, coincidían todos estos grupos en la imagen de Perón como símbolo de una política nacional y popular. Una ola de esperanzas cundió sobre vastos sectores cuando se insinuó que, vuelto a la patria, Perón traería la solución para el despegue económico del país. En eso consistía el carisma de Perón: en lo que todos le otorgaron con la esperanza de que él lo encarnara.

Desde el punto de vista de la psicología social, se trataba de una alucinación colectiva. Se debió a que el viejo esplendor de la Argentina de la época del Centenario había declinado y porque no se había podido encontrar todavía la vía para encauzar el desarrollo de la riqueza del país. Un profundo sentimiento de frustración invadió a vastos sectores. Pero, en rigor, la Argentina no es un país frustrado. Hay, simplemente, cambio. Perón volvió. El regreso enfrentó las esperanzas con la realidad. Su movimiento había triunfado electoralmente y había llevado a la presidencia a Cámpora.

Romero - El Gobierno de Perón

El gobierno de Perón, 1943-1955

Durante el gobierno militar de 1943, el coronel Juan Domingo Perón logró concitar un vasto movimiento político en torno de su persona, que le permitió ganar las elecciones de 1946. Perón y el peronismo imprimieron a la vida del país un giro sustancial y perdurable.

La emergencia

El golpe se constituyó casi exclusivamente con militares y las decisiones giraron en torno del Ministerio de Guerra, controlado por el Grupo de Oficiales Unidos. Los militares en el gobierno coincidían en la necesidad de acallar la agitación política y la protesta social: proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron la CGT. Establecieron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Este gobierno militar es muy fácil de identificar con el nazismo.

El acuerdo comercial con Gran Bretaña se mantuvo durante la guerra. Luego de que Ramírez decidiera romper relaciones con el Eje, el gobierno se encontró metido en un callejón sin salida. Ésta fue finalmente proporcionada por Perón. En 1944, Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera del gobierno. Admirando los logros del régimen fascista italiano, la clarividencia y la preocupación de Perón lo llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero. Se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas. En muchas casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales ignoradas.

Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores. Los sindicalistas aceptaron el envite del gobierno sin cerrar las puertas a la “oposición democrática”. Tampoco las cerraba el propio Perón, capaz de sintonizar con cada uno el discurso adecuado. Insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo. Ante unos y otros se presentaba como quien podía presentar una solución, si lograba para ello el poder necesario.

La oposición democrática empezó a reconstituirse. La liberación de París dio pie a una notable manifestación claramente antigubernamental. Los partidos opositores reclamaron la retirada de los gobernantes y la entrega del poder a la Corte Suprema, último vestigio de la legalidad republicana. Sellaron su acuerdo para las elecciones que veían próximas: la Unión Democrática expresaría el repudio de la civilidad a los militares.

Una multitud se concentró en la Plaza de Mayo reclamando por Perón y su restitución a los cargos que tenía, devolviéndolo al centro del poder, ahora como candidato oficial a la presidencia. Su emergencia coronaba el proceso de la organización y politización de la clase obrera. La industrialización había crecido, y la masa de trabajadores industriales había empezado a expandirse con migrantes rurales. Con la concentración en la Plaza de Mayo se inauguró una nueva forma de participación, a través de la movilización. Los trabajadores definieron una identidad y ganaron su ciudadanía política, sellando con Perón un acuerdo que ya no romperían.

Perón y quienes lo apoyaban se dedicaron a organizar su fuerza electoral, creando un partido político propio, el Laborista. Perón era el primer afiliado y el candidato presidencial. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes conservadores de segunda línea, el Ejército y la Iglesia. El impacto de la Unión Democrática quedó diluido por el entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales hacia Perón. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible, a la que sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. De esta manera dividió a la sociedad entre el “pueblo” y la “oligarquía”. El triunfo de Perón en las elecciones fue claro pero no abrumador.

Mercado interno y pleno empleo

El nuevo gobierno mantuvo la retórica antinorteamericana, distanciada tanto del comunismo como del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la URSS, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones con Washington. Estados Unidos siguió dispuesto a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante la guerra, empezaron a retroceder ante la competencia norteamericana. Las exportaciones agrícolas fueron obstaculizadas por Estados Unidos. En 1948 se lanzó el Plan Marshall, pero Estados Unidos prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran para las importaciones de la Argentina.

Vender cereales fue cada vez más difícil. La consecuencia fue una reducción de la producción agropecuaria que se acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno. La guerra, la crisis y el aislamiento habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Creció así, junto a las empresas industriales tradicionales, una amplia capa de establecimientos medianos y pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes internos.

Una alternativa a la propuesta de Pinedo de competir con los mercados externos fue profundizar la sustitución, extenderla a la producción de insumos básicos mediante la intervención del Estado y asegurar así la autarquía. La imagen de la Unión Soviética está presente en esta propuesta. La inspiración autárquica de los militares se dibuja en el Primer Plan Quinquenal.

La política del Estado apuntó a la defensa del sector industrial instalado, y a su expansión dentro de las pautas vigentes de protección y facilidad. Además, las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo. Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo. El IAPI transfirió al sector industrial y urbano ingresos provenientes del campo. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, al que sin duda ya no se consideraba la “rueda maestra” de la economía.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y regulación de la economía. Hubo una generalizada nacionalización de las inversiones extranjeras, un proceso de repatriación. La reforma más importante fue la nacionalización del Banco Central. Así, la nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política económica. La justicia social sirvió para el sostenimiento del mercado interno. Los salarios empezaron a subir notablemente. El Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida.

El estado peronista

Justificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado. No hubo resistencias: probablemente para el grueso de los trabajadores la solidaridad con quien había hecho realidad tantos beneficios importaba más que una autonomía política cuyos propósitos no resultaban claros. Pero a la vez, la organización se consolidó firmemente. La sindicalización se extendió rápidamente.

Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio. Se procuró solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su defecto se optó por reprimirlos. Eva Perón se dedicó desde la Secretaría de Trabajo a cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociación con un estilo muy personal.

El Estado peronista tenía en los trabajadores su gran fuerza legitimadora. Además, procuró extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no sindicalizados a través de Eva Perón y de la Fundación que llevó su nombre. Eva Perón resultaba así la encarnación del Estado benefactor, que adquiría una dimensión personal y sensible. La experiencia de la acción social directa terminó constituyendo una nueva identidad social, los “humildes”, que completaron el arco popular de apoyo al gobierno.

El Estado debía vincularse con cada uno de los sectores de la sociedad. Con mayor o menor forma, aspiró a organizar a los empresarios, reuniéndolos en la Confederación General Económica. Con la Iglesia existió un acuerdo básico, aunque fue una relación algo distante. Con respecto a las Fuerzas Armadas, Perón se cuidó inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida institucional en el gobierno.

Según la concepción de Perón, el Estado, además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo, debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales negociaran y dirimieran sus conflictos. Un gobierno surgido de una de las escasas elecciones inobjetables que hubo en el país recorrió el camino hacia el autoritarismo. Reemplazó a la Corte Suprema mediante un juicio político escasamente convincente y utilizó el recurso de intervenir las provincias. El Poder Legislativo fue formalmente respetado, pero se lo vació de todo contenido real. El “cuarto poder” fue el que formó el gobierno mediante una importante cadena de diarios y otra de radios. Los diarios independientes fueron presionados de mil maneras. La reforma de la Constitución, realizada en 1949, estableció la posibilidad de la reelección presidencial.

Perón utilizó la maquinaria propagandística para dar forma al heterogéneo conjunto de fuerzas que lo apoyaba. El Partido Peronista adoptó una organización totalmente vertical. Lo que inicialmente fue la doctrina peronista se convirtió en la Doctrina Nacional. Todo confluía en el líder, quien formulaba la doctrina y la ejecutaba. Esta retórica era sin duda ajena a la tradición política principal del país, liberal y democrática. Si el peronismo segó sistemáticamente los ámbitos de participación autónoma, no es menos cierto que encarnó y concretó un vigoroso movimiento democratizador, culminando con el establecimiento del voto femenino. Era una forma muy moderna, de democracia de masas.

El régimen tuvo una tendencia definida a “peronizar” todas las instituciones y a convertirlas en instrumentos de adoctrinamiento. Pero la forma más característica de la política de masas eran las movilizaciones y concentraciones. Ya no eran espontáneas sino convocadas. Eran jornadas festivas, despojadas de elementos de enfrentamiento real. Eran el momento privilegiado en la constitución de una identidad, que resultaba tanto trabajadora y popular como peronista.

La derrota de 1946 desarticuló a la Unión Democrática y enfrentó a los partidos opositores con una cuestión difícil: desde dónde enfrentar a Perón. En el radicalismo comenzó un proceso de renovación partidaria. En el grupo de los cuarenta y cuatro diputados, presidido por Frondizi y Balbín, se formó toda la dirigencia radical posperonista. Pero no llegaron a constituirse en una verdadera oposición democrática. Todos los recursos se usaron para acallar sus voces.

Un conflicto cultural

La virulencia del discurso político y sobre todo los encendidos ataques a la “oligarquía” no se correspondían con una conflictividad social real. El régimen peronista no atacó ningún interés fundamental de las clases altas tradicionales. Hubo nuevas incorporaciones de empresarios exitosos. En el imaginario social ocupó un lugar importante el “nuevo rico”. Las clases medias tradicionales tuvieron quizá más motivos de queja.

Las migraciones internas hicieron que se expandieran los cinturones de las grandes ciudades. La novedad fue la brusca incorporación de los sectores más populares a ámbitos visibles, anteriormente vedados. Los sectores populares se incorporaron al consumo, a la ciudadanía, a la política. Ejercieron plenamente una ciudadanía social, que nació íntimamente fusionada con la política. El reconocimiento de la existencia del pueblo trabajador y el ejercicio de los nuevos derechos estuvo asociado con la acción del Estado, y la justicia social fue una idea clave en el discurso del Estado y en la nueva identidad social que se constituía.

La acción del Estado no sustituía la clásica aventura individual del ascenso social, sino que aportaba el empujón inicial. La justicia social venía a completar así el proceso secular de integración de la sociedad argentina. El Estado facilitó el acceso a bienes de consumo y, al fuerte estímulo de la educación se agregó la protección y promoción de diversas actividades culturales. El Estado distribuía una dosis masiva de propaganda. Facilitaba el acceso a la cultura erudita, pero sobre todo distribuía la cultura “popular”. Pese al apoyo disponible, la creación intelectual y artística fue escasa en el medio oficial. Los mejores intelectuales convivieron en instituciones surgidas al margen del Estado.

El peronismo había surgido en el marco de un fuerte conflicto social. Con el correr del tiempo, derivó por una parte en un fuerte enfrentamiento político y por otra parte en un conflicto que, más que social, era cultural. Fue un conflicto cultural el que opuso lo “oligárquico” con lo “popular”. La oligarquía era quien pretendía restringir el acceso a los bienes culturales y excluir al pueblo. Ante la inclusión respondieron ridiculizando al nuevo rico y al humilde habitante urbano, incapaces de manejar los instrumentos de la nueva cultura. Fueron dos configuraciones culturales antagónicas y excluyentes.

Crisis y nueva política económica

La coyuntura externa favorable en la que surgió el Estado peronista comenzó a invertirse hacia 1949. El desarrollo de la industria hacía al país más dependiente de sus importaciones, cuya falta dificultaba el desenvolvimiento de la industria y provocaba inflación, paro y desocupación. En el invierno de 1952 murió Eva Perón, uno de los símbolos de la prosperidad perdida.

En 1952 el gobierno adoptó con firmeza un nuevo rumbo económico con el Segundo Plan Quinquenal. Para reducir la inflación, se restringió el consumo interno. Se apuntaba a aumentar la disponibilidad de divisas para seguir impulsando el desarrollo del sector industrial, clave para el andamiaje del peronismo.

El principal problema del sector industrial era su reducida eficiencia, oculta por la protección y los subsidios que recibía del Estado. La expansión de la demanda había perdido su efecto dinamizador, de modo que el problema comenzó a ser grave para los empresarios. La nueva política económica convocó a empresarios y sindicalistas para discutir las cuestiones de la productividad y afloraron los temas de la ineficiencia de la mano de obra y el poder excesivo de los delegados de fábrica. El gobierno puso sus mayores esperanzas en la concurrencia de capitales extranjeros. Se sancionó una ley de Radicación de Capitales en el marco de una visible reconciliación con Estados Unidos. Esta política hizo que se concretaran algunos proyectos. El más importante fue el proyecto petrolero.

Los logros de la nueva política económica fueron modestos: se redujo la inflación y se equilibró la balanza de pagos pero no se apreciaron más cambios en la industria y en el agro. La política marcaba un rumbo nuevo ya que ni se recurrió a la devaluación ni se redujo el gasto público, que subsidiaba a los sectores asalariados. Esta nueva política se mantuvo dentro de la tradición peronista.

Los comienzos de la crisis económica fueron acompañados de importantes manifestaciones de disconformidad, cuya solución implicó un avance en el camino del autoritarismo para estabilizar y controlar el frente gremial. Perón optó por aplicar una dura represión: prisión a los dirigentes rebeldes y movilización militar a los obreros. Los militares se indignaban ante avances flagrantes del autoritarismo y se preguntaban acerca de la solidez del gobierno. Estos motivos dieron el espacio mínimo para la acción de grupos de oficiales decididos a derribar a Perón. Menéndez encabezó un intento que fue fácilmente sofocado, pero constituyó un llamado de atención para un régimen que no había tropezado con oposición hasta entonces.

Perón aprovechó para establecer el estado de guerra interno y mantenerlo hasta 1955. Restringiendo la acción de los políticos opositores obtuvo un aplastante triunfo en las elecciones.

Consolidación del autoritarismo

Perón inició su segundo período visiblemente consolidado por el nuevo plan económico, la victoria sobre rebeldes militares y sindicalistas y el espectacular triunfo electoral. El fin de la etapa revolucionaria podía hacer presuponer una marcha hacia la pacificación política. Pero había otras fuerzas que empujaban al mantenimiento del rumbo autoritario. En los tres años finales de su gobierno, Perón tuvo una conducta errática. Fue evidente la dificultad para llenar el vació dejado por la muerte de Eva Perón. Se avanzó en la “peronización” de la administración pública y la educación, con la exigencia de la afiliación al partido. Los espacios de la oposición fueron reducidos al mínimo.

Además de marchar hacia el totalitarismo, el régimen procuraba reconstruir un espacio de convivencia con los opositores, empezando por el reconocimiento recíproco. Algunos de los dirigentes opositores se animaron a acercarse al gobierno y dialogar. Este tenue comienzo de una apertura del diálogo terminó en 1953, cuando, en una concentración en Plaza de Mayo, estallaron bombas colocadas por grupos opositores.

Por entonces el radicalismo había definido su perfil, encontrando un ángulo de oposición posible al régimen. Su propuesta se mostraba como la reivindicación del antiimperialismo y la reforma agraria. La reapertura del debate público coincidía con un envejecimiento del régimen y de su lider. Ese año, la fundación del Partido Demócrata Cristiano parecía indicar que la Iglesia se sumaba a esta visión del régimen envejecido.

La caída

La fundación del Partido Demócrata Cristiano marcó el comienzo del conflicto entre Perón y la Iglesia, que rápidamente llevó a su caída. Al gobierno le turbaba la conspicua intromisión de la Iglesia en la política. El conflicto estalló en 1954 cuando muchos sacerdotes fueron detenidos y los periódicos se llenaron de denuncias públicas acerca de la conducta y moralidad de los prelados y sacerdotes. La Iglesia se defendió inundando la ciudad con todo tipo de panfletos. La Marina encontró aquí su ocasión y organizó un levantamiento contra Perón. El intento fracasó, puesto que el Ejército demostró otra vez su fidelidad a las instituciones legales. Perón era prisionero de sus salvadores militares.

Se ensayó una renovación de los cuadros dirigentes y se invitó a los dirigentes opositores a abrir un debate público. Perón había concluido que la posibilidad de abrir un espacio para la discusión democrática que lo incluyera era mínima. Luego de presentar retóricamente su renuncia, convocó a los peronistas a la Plaza de Mayo y lanzó el más duro de sus ataques contra la oposición: por cada uno de los nuestros, caerán cinco de ellos.

Poco después, estallo en Córdoba una sublevación militar encabezada por el general Lonardi. En 1955 Perón se refugió en la embajada de Paraguay. El general Lonardi se presentó en Buenos Aires como presidente provisional de la Nación, ante una multitud tan numerosa como las reunidas por el régimen, pero sin duda distinta en su composición.

La era aluvial

La línea del peronismo

Perón constituía el más activo de los elementos pronazis del gobierno revolucionario. Perón descubrió un instrumento de acción inestimable: su capacidad de orador capaz de convencer a las masas argentinas. La revolución impopular comenzó a hacerse popular. Logró poco a poco imponer sus consignas fascistas en las conciencias de la masa insuficientemente politizada. Un conato de revolución militar obligó a Perón a retirarse transitoriamente del poder pero la marcha organizada el 17 de octubre de 1943 exigió su “libertad”. Todo hacía pensar que los planes políticos del nuevo líder no eran sino un remedo del fascismo.

El Nuevo Orden

Perón triunfó el 24 de febrero de 1946 y comenzó a echar las bases de un “nuevo orden” argentino. Perón contaba entonces con el apoyo de la iglesia, del ejército y de la policía. Sobre esta base comenzó a constituir su organización del gobierno. El “nuevo orden” debía tener dos ceremoniales. La severa tesitura propia de un ejército formado a la prusiana tenía que alternarse con la exaltación de la masa de los descamisados, en quienes se procuraba inocular brutales sentimientos de violencia. La oratoria radiotelefónica constituyó un instrumento fundamental del gobierno. A través de la oratoria, el presidente iba deslizando ciertas ideas políticas.

Perón apartó del primer plano al sector agropecuario y estimuló a la pequeña y mediana industria de capital nacional, lo cual acrecentó también las posibilidades ocupacionales de las crecientes masas urbanas, que mejoraron sus niveles de ingresos y sus condiciones de vida. Instrumento fundamental de esa política fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que debía desviar parte de los beneficios obtenidos de las exportaciones hacia el sector industrial. La idea alrededor de la cual giraba el dictador era la de la organización. La dictadura minimizó la libre expresión de ideas precisamente porque todo el corpulento armazón que la sostenía no resistía el más leve examen crítico.

Las fuerzas de reserva

Mientras se gestaba y se desenvolvía el movimiento fascista, los partidos tradicionales mantuvieron y perfeccionaron sus posiciones teóricas. El Partido Socialista y el Partido Comunista siguieron profundamente ligados a las inquietudes del movimiento social del país. El Partido Radical comenzó a lucubrar soluciones concretas a lo que ellos consideraban que eran los viejos problemas del país que el régimen había agudizado. La violenta captación del país por el fascismo fue el signo de que el problema existía.

La Era Aluvial (hasta 1943)

La línea del liberalismo conservador

La antigua élite republicana comenzó a precisar su posición y su conducta, una vez que descubrió que tenía en sus manos los instrumentos que podían asegurarle el goce de sus privilegios. La oligarquía creía que necesitaba impedir que el aluvión inmigratorio le arrebatara las ventajas logradas. El sector creía representar al país con mayor fidelidad que los advenedizos.

La oligarquía ganó el país, pero el ideario que defendían en el plano doctrinario cayó ensuciado por la torpeza con la que trataron de defender sus intereses. El problema es que, junto con el régimen cayó cierta tradición liberal que merecía salvarse.

Los principios

La evolución de la élite republicana hacía una organización cada vez más estrechamente oligárquica fue acelerada. El presidente del momento era el encargado de asignar a su sucesor, puesto que respondían a la creencia de que con ellos se continuaba una misma tradición política. Ante el empuje de la Argentina aluvial, el liberalismo adoptaba resueltamente una actitud conservadora. Su propósito fue desde entonces deslindar lo político de lo económico, acentuando en este último el espíritu renovador y conteniendo en el primero todo intento de evolución.

El capitalismo internacional llegaba poco a poco a su punto más elevado, y la Argentina constituía un área económica cuya explotación tentaba allí donde el capital buscaba inversiones ventajosas. Sirviendo los ideales del progreso económico, la oligarquía descubrió que convenía a los intereses de la nación, y aun a sus propios intereses de clase dominante, ofrecer al capital extranjero las posibilidades de realizar inversiones productivas en el país.

En cuanto a la renovación estatal, parecía urgente crear un Estado moderno y vigoroso, dotado de instrumentos legales que facilitaran la plena utilización del caudal humano que ahora poseía. Pero no le pareció menos importante a la oligarquía que el Estado quedara en sus manos, aun a riesgo de tener que abandonar los principios políticos de su doctrina liberal.

La política conservadora

En lo político fue donde los viejos ideales del liberalismo cayeron vencidos por los intereses de clase. Si la oligarquía lograba retener el poder, podía esperar ventajas importantes y prometedores privilegios, Se preparó para hacer cuanto fuera necesario para afirmarse en sus posiciones, actitud que le dio el nombre de “unicato”. El unicato se constituía además por obra de una fuerza ciega que moviera a la oligarquía a confiar la dictadura a un salvador capaz de contener las amenazas que se cernían a lo lejos sobre ella.

El régimen republicano quedaba desvirtuado por la decisiva influencia que ejercía el presidente y quedaban en sus manos todos los resortes que regían la vida institucional del país, sin excluir aquellos que debían asegurar el régimen federal. Un centralismo absorbente había sustituido las formas constitucionales de gobierno.

No había en la oligarquía quien conservara la vieja devoción por el pueblo. La universalidad del sufragio era vista como el triunfo de la ignorancia universal. Esta opinión sobre el sufragio explica la imperturbable impavidez con que los oficialismos preparaban y consumaban el fraude electoral. Todo un sistema estaba montado para dominar la situación en cada lugar y no se dejaba recurso alguno por explotar para asegurar el triunfo. La oligarquía estaba convencida de que no tenia frente a ella una oposición organizada, sino más bien una masa heterogénea que apenas comenzaba a esbozar por sus aspiraciones imprecisas.

La defensa de los intereses oligárquicos

Muy pronto el sector advirtió que el enriquecimiento del país y el de sus miembros podían ir de la mano y no vaciló en desvirtuar sus antiguos ideales en beneficio de sus nacientes privilegios. La gran riqueza de la oligarquía era la tierra, pero sus poseedores no obtenían de ella sino escasos rendimientos. Era imprescindible traer brazos que las trabajaran y acercarlas a los centros de distribución. Así comenzó a estimularse la inmigración y se empezaron a construir numerosas obras públicas, procurando que los beneficios de tales medidas recayeran sobre aquellas tierras. Estas obras públicas se concretaron gracias a la inserción de capital extranjero, mayormente británico. Pero estas inversiones de capital inglés adquirían forma de empréstitos que era necesario servir, y la deuda exterior alcanzó muy pronto cifras enormes que comprometían la estabilidad financiera del Estado y su propia autonomía. La obra de la burguesía consistió en valorizar su tierra por medio de concesiones y de ferrocarriles garantidos. Era cierto, la oligarquía trabajaba por el progreso material del país, pero orientaba su acción a satisfacer, por sobre todas las cosas, sus intereses.

Su punto de vista conservador se manifestó frente a la aparición de las primeras fuerzas obreras organizadas. En 1902, en vista del desarrollo que adquiría la resistencia contra los bajos salarios, el congreso sancionó la “ley de residencia”, que autorizaba al gobierno a expulsar extranjeros que se manifestaran como elementos activos en los conflictos sociales. En 1909 y 1910 la agitación obrera creció y a la severa represión respondió un anarquista atentando contra la vida del jefe de la policía y otro colocando una bomba en el Teatro Colón. La reacción fue, en 1910, el voto de la ley de “defensa social”, por la cual se extremaban las medidas contra los obreros organizados.

La legislación laica

La tendencia del espíritu abierto a la poderosa evolución del siglo con fe en la ciencia y en el progreso humano condujo a la oligarquía al planteo del problema religioso. En breve plazo hallaron soluciones graves referentes a la jurisdicción de la Iglesia, la cual, no sin resistencia, perdió importantes posiciones en la vida argentina. La ley de Registro Civil y la ley de “educación común”, fueron un claro ejemplo de esta pérdida de poder.

Frente a los católicos, los liberales defendieron el principio del Estado docente y el derecho a la libertad de conciencia, sintetizando su ideal en la fórmula de escuela laica, obligatoria y gratuita. La oligarquía se mostraba orgullosa de su actitud, de su superioridad intelectual y de su independencia de carácter.

Las vicisitudes del liberalismo

El divorcio entre los principios liberales y los principios democráticos condujo a la oligarquía a la crisis. Sus cimientos se debilitaban sin que la mayor parte de sus miembros lo advirtieran, pero no todos dejaron de observar el fenómeno. Había otros que, habiendo pertenecido a la oligarquía y habiendo representado sus principios, llegaron a ver claro en el panorama político y social de la república, como es el caso de Carlos Pellegrini y Joaquín V. González.

De la mano de personas como estas, volvía a florecer en el seno de la oligarquía el pensamiento liberal, generoso y humano, saturado de comprensión democrática. Debilitada la conciencia de clase y abierta una brecha en la estructura ideológica que la sustentaba, la oligarquía perdió su ímpetu y consintió en su entrega. El clamor unánime exigía la sanción de una ley que perfeccionara el sistema electora, y Roque Sáenz Peña se dispuso a satisfacer esa exigencia. Bien sabía Peña que los intereses transitorios de la oligarquía se condenaban con la sanción de la ley de voto secreto y obligatorio.

En cuanto entró en funcionamiento el nuevo instrumento electora, la oligarquía perdió sus posiciones, Todavía los grupos conservadores mantuvieron algunas posiciones en ciertas provincias, pero su vigor decrecía. Desde esta posición empobrecida no fue difícil el tránsito hacia lo que se llamo “nacionalismo”, adaptación de la ideología fascista que, después de 1922, comenzó a arraigar en algunos de aquellos sectores.

La línea de la democracia popular

En divergencia con la del liberalismo conservador, comenzó a dibujarse después de 1880 otra línea política: la democracia popular, que cobró poco a poco una dirección definida y un perfil seguro. La democracia popular nació como una aspiración en el seno del conglomerado criollo-inmigratorio y adquirió forma y sentido de movimiento político por obra de otros grupos que se aprestaron a la lucha contra la oligarquía. Estos ideales se concretaron en las reivindicaciones de la Unión Cívica. Uno de ellos, la Unión Cívica Radical, recibió la más importante aportación de simpatía popular.

La polarización del movimiento popular

Despreciada y olvidada por la oligarquía, la masa popular comenzaba a sentir en carne propia las consecuencias de la política del régimen. En todos los grupos se hallaba repercusión la grave situación económica que se planteo durante el gobierno de Juárez Celman. La crisis de 1889 y 1890 se agravó en la Argentina por la imprudente política económica de la oligarquía. El mal manejo de la economía repercutió en la opinión pública, que desde ya algún tiempo mostraba una inquietud en la política.

La primera expresión pública de ese despertar de la conciencia política fue la asamblea celebrada pos los grupos opositores a la oligarquía. Un profundo optimismo flotaba en las palabras de los oradores, ante el evidente despertar de la ciudadanía, adormecida por tantos años a causa de la acción deletérea del régimen. Era la mayoría del pueblo erigido en defensa de sus derechos, dispuesto a rescatarlos de quienes los usurpaban en beneficio propio. Era una mayoría la que había quedado al margen de la organización creada por el “unicato” para usufructuar el poder.

En las filas del movimiento popular estaban algunos grupos de la antigua élite. El heterogéneo conglomerado social opositor a la oligarquía abrazó con fervorosa esperanza la bandera de la Unión Cívica. Con fuerte apoyo militar y cálida repercusión en las masas populares, la revolución se preparó rápidamente y estallo en 1890. La revolución había sido vencida, pero el gobierno estaba muerto.

La canalización del movimiento popular

Tras ese instante de polarización de las fuerzas populares contra el régimen, las alternativas de la acción permitieron que cada uno de los sectores que se habían amalgamado se orientara según sus propias tendencias y se organizara como núcleo político definido. Se mantuvo cierta coincidencia en algunos ideales fundamentales: los de la democracia formal y los de la lucha contra la oligarquía.

La Unión Cívica manifestaba que intentaba derrocar al gobierno a fin de que el pueblo lo constituya sobre la base de la voluntad nacional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo a la oligarquía. Ya para 1891, el bloque se había separado en la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. La primera, encabezada por Mitre, aceptó la posibilidad de intentar un entendimiento con la oligarquía gobernante y fomentaban la conciliación nacional dentro de un régimen.

La Unión Cívica Radical, encabezada por Alem, adoptó una actitud refractaria a toda convivencia política con la oligarquía y a toda complicidad con el régimen electoral en vigor, basado en el fraude y la violación de la soberanía popular. Mientras esperó el triunfo, mantuvo la abstención electoral, para no contribuir con su presencia en los comicios a legitimar situaciones ilegales. Revolución y abstención fueron sus principios fundamentales.

El socialismo consideraba como secundario el problema político mismo porque veía encarnados en los principales partidos intereses económicos y sociales que conspiraban contra los del proletariado. Sostenía que todos los partidos de la clase rica argentina eran uno solo cuando se trataba de aumentar los beneficios del capital a costa del pueblo trabajador. El Partido Socialista pretendía representar solamente los intereses del pueblo trabajador. Sin embargo,el socialismo no fue el único cauce que tomó el movimiento obrero. Casi simultáneamente comenzó a desarrollarse el anarquismo.

De todas las ramas en que se escindió el movimiento popular la que tuvo más rápido desarrollo y alcanzo más rápida influencia fue la Unión Cívica Radical. Dentro del mismo partido, se encabezaron sendas revolucionarias sin relación entre sí, por parte de Alem e Yrigoyen. Fracasados los dos movimientos el partido entró en un periodo de crisis, en la que la hostilidad de ambos jefes dividía a sus partidarios y debilitaba al partido. Alem terminó por confesar su derrota a manos de quien ascendía hacia los primeros rangos de la Unión Cívica Radical: Hipólito Yrigoyen.

La resistencia de Yrigoyen a un nuevo acuerdo de la Unión Cívica Radical con los mitristas (actitud intransigente) permitió que llegara por segunda vez a la presidencia el general Roca y motivó la desaparición temporaria de la Unión Cívica Radical.

Poco después, Yrigoyen comenzó a preparar con sigilo un nuevo movimiento revolucionario. La Unión Cívica Radical crecía y se tonificaba, y la oligarquía llegó a convencerse de que agrupaba a la mayoría de la opinión pública. La Unión Cívica Radical acudió a los comicios y conquisto el gobierno en 1916.

El gobierno radical

En un principio, quedaron descartados los grupos oligárquicos tradicionales y ocuparon los puestos de comando hombres nuevos que estaban desligados de los intereses conservadores. Se pudo observar que faltaba un plan para la transformación del orden vigente durante el régimen. En la acción política, el presidente era reconocida como la más alta autoridad partidaria.

Dentro de los mismos gobiernos radicales hubo distintas ideologías. Alvear y los radicales agrupados a su alrededor -antipersonalistas- abandonaron ciertas tendencias que se insinuaban en el radicalismo. Pero fue la política de Yrigoyen la que representó el sentimiento político predominante en las masas que constituían el radicalismo y se consideraban mayoritarias.

La primera consigna de la Unión Cívica Radical al llegar al poder fue el cumplimiento de la corrección de los vicios políticos y administrativos propios del régimen conservador. Yrigoyen recogía y llevaba al gobierno la antigua hostilidad del radicalismo contra la oligarquía, que se manifestó también como repugnancia frente a la tradición liberal. Frente a la ofensiva que había desencadenado el imperialismo extranjero en el país, Yrigoyen afirmó los principios del nacionalismo económico y la necesidad urgente de defender el patrimonio nacional. También llevó al gobierno la preocupación por la defensa del catolicismo. Pero donde más claramente se puso de manifiesto el fermento antiliberal fue el ejercicio de la autoridad presidencia, autoridad que extremó hasta constituir un régimen que se definió públicamente como “personalísimo”. Yrigoyen exigió de sus partidarios que ocupaban funciones publicas mucha fidelidad, y se llegó a un sistema de gobierno cada vez más centralizado.

Acaso movido por el mismo afán de eliminar a los representantes de la oligarquía de cuantas posiciones conservaban, el gobierno radical no vaciló en apoyar el movimiento estudiantil que desencadenó en la reforma universitaria.

La línea del fascismo

Tras la revolución de 1930 se dibujó con trazo firme en la vida política y social de Argentina la línea del fascismo, que logró sobreponerse a todas las otras corrientes de opinión y prevalecer un tiempo hasta desvanecerse por el peso de su propio descrédito. Comenzó a notarse la presencia de tal línea política por la fuerza de las circunstancias nacionales y mundiales.

La Nueva República fue el núcleo inicial sobre el que ejercieron gran influencia Maurras y Mussolini. Su acción difundió la necesidad de gobiernos que mantuvieran el orden social, las jerarquías y la disciplina para evitar la amenaza del comunismo soviético.

Sobre Uriburu influyeron la concepción fascista, la tradicional concepción germanófila, la opinión de que los males del segundo gobierno de Yrigoyen estaban en la esencia de la democracia y la idea de que todo lo ocurrido en los últimos años era una desviación en el proceso político del país.

Dos puntos de vista en el seno de la revolución antipopular: fascismo y democracia fraudulenta

La revolución antipopular se desencadenó a causa de cierto malestar que comenzó a cundir en el país en los años que la precedieron. Para enfocar la crisis de1930 se adoptaron dos criterios: uno típicamente fascista y otros que podríamos llamar el de la democracia fraudulenta.

La revelación expresa de que el movimiento escondía una intención corporativista surgió muy pronto. Se creía que los representantes del pueblo debían dejar de ser los representantes de los comités políticos y deberían empezar a ocupar las bancas del Congreso miembros de gremios y corporaciones. El fascismo creciente era aristocratizante y apuntaba hacia los problemas del Estado sin reparar en los que planteaba el orden social. La opinión en contra de la política de “los políticos” fue reiterada por el jefe de la revolución y por los nacionalistas muchas veces.

Los partidos que se habían opuesto a Yrigoyen fueron conquistando posiciones gracias al apoyo que recibieron de algunos militares a quienes no satisfacía la perspectiva de una dictadura fascista. Esta circunstancia hizo que muy pronto se transformara en un problema determinar cuál había sido el fin de la revolución. Había quienes se oponían a la idea de que los ciudadanos no deberían tener un voto como simples ciudadanos, y expresaban que el sistema democrático que imperaba en el resto del mundo aseguraba el predominio de la opinión pública y no el de los comités políticos.

No todas las posiciones que se plantearon frente a la ofensiva fascista tuvieron idéntico sentido. Los socialistas, los demócratas progresistas y otros partidos afirmaban que no se oponían a examinar la posibilidad de una reforma constitucional una vez constituido el orden legal y siempre que fuera para ampliar la democracia, se agruparon en lo que se llamo “Concordancia”. Admitieron que era necesario defender las instituciones democráticas y sofocar al Partido Radical que poseía mayoría electoral.

El dilema estaba planteado. O el gobierno revolucionario optaba por la línea fascista, o se entregaba a los partidarios de una democracia basada en el fraude electoral.

La etapa de la democracia fraudulenta

El general Uriburu veía desvanecerse su plan de reformas fundamentales y se conformó con apoyar la candidatura del general Justo, que triunfó por medio del fraude y por el veto a la candidatura del candidato radical Alvear. Lo que se reanudaba era en el fondo el viejo duelo entre la democracia popular y la oligarquía. El panorama del país durante la etapa de la democracia fraudulenta mostró una disminución del sentimiento cívico y una disminución de las fuerzas progresistas capaces de provocar un avance social. Así pudo desarrollarse una situación política fundada en el fraude, apoyada en una coalición de tendencia conservadora que era respaldada por el ejército, la Iglesia y grupos fascistas.

No se apreciaba en los hombres que ejercían el gobierno ni en los que ocupaban las bancas del parlamento otra actitud que la de retener el poder para restaurar o ampliar los privilegios de la oligarquía. El gobierno no tenía otra solución que mantener el sistema de fraude, calificándolo de “patriótico”. Fraude y privilegio fueron las características de este período. Las consecuencias fueron graves, ya que comenzaban a desarrollarse las industrias y se constituía un nuevo reagrupamiento de las masas populares, a las que comenzó a invadir el escepticismo político.

El presidente Ortiz, llegado al poder mediante el fraude, despertó la esperanza de ver el fin del bastardo sistema político que intoxicaba al país, pero la enfermedad que le obligó a abandonar la presidencia en 1940 abatió esa esperanza. Así se preparaba la irrupción del fascismo.

El ascenso del fascismo

Pero se preparaba entre las pequeñas minorías y con diversas tendencias entre sus miembros. Estas asociaciones de tendencia fascista se multiplicaron. Desde 1933, y sobre todo con la llegada al país del embajador alemán von Thermann, la influencia de la doctrina hitlerista y de sus métodos de acción comenzaron a predominar en esos grupos.

En el desarrollo del movimiento fascista durante el decenio de 1933-1943, el estallido de la Segunda Guerra Mundial constituye una fecha fundamental. A poco de iniciarse el conflicto comenzó a intensificarse la propaganda y la acción filonazi, que fue aceptada por algunos de acuerdo con cierto principio de coherencia política. Los grupos nacionalistas atacaban desde sus primero tiempos a las potencias imperialistas. El nacionalismo forjó la creencia de que era necesario aprovechar la oportunidad que se brindaba de sacudir el yugo inglés.

Grave contraste pareció para el nacionalismo la política internacional de Ortiz, que parecía inclinarse hacia una neutralidad ligeramente benévola para con las potencias democráticas. Pero a partir de 1940, cuando asumió Castillo, aquella orientación viró su rumbo.

La revolución de junio de 1943

El presidente Castillo seguía siendo en el fondo un representante típico de la democracia fraudulenta. El año 1943 traía ya los agoreros de la declinación de la ofensiva nazifascista y el presidente se volvió hacia los que preferían retornar a la bastarda tranquilidad de la democracia fraudulenta. Nació por entonces la candidatura conservadora de Patrón Costas, que no satisfizo a los defensores del eje, que se agruparon en el GOU. Así los partidos políticos tradicionales que se oponían a la democracia fraudulenta se enfrentaban a la maniobra pronazi, que estrechaba sus filas, se preparaba para actuar por la fuerza y trataba de definir sus posiciones como si fueran ideales de gobierno.

Era evidente que el propósito era reducir la vida cívica del país hasta sus límites extremos y encuadrarla dentro de férreos marcos militares. El fascismo proseguía su avance y entraba en plena tarea de organización.

Romero 1880-1943

1880-1916

La definición del proyecto de “Nación Argentina”

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las exportaciones de lana, carnes y cereales se convirtieron en el factor dinámico de la economía argentina. La economía se especializó en la producción de productos primarios para la exportación y la Argentina se integró al mercado internacional capitalista como periferia proveedora de alimentos y materias primas. Con este modelo también se afirmó el dominio de los terratenientes exportadores sobre el conjunto de la sociedad. Estos sectores sociales constituyeron una elite que controló al Estado y organizó un régimen de gobierno oligárquico que excluyó a la mayoría de la población argentina de la participación política.

El régimen oligárquico estuvo basado sobre un estricto control del acceso a los cargos de gobierno y de la administración pública y sobre el habitual recurso del fraude electoral. El carácter voluntario y no secreto del voto facilitó la tarea de asegurar los principales cargos de gobierno para los grupos vinculados con el Partido Autonomista Nacional. También contribuyó a la exclusión el hecho de que la mayoría de los trabajadores fueran inmigrantes extranjeros, que no gozaban de los mismos derechos políticos a menos que adquirieran la ciudadanía argentina.

La organización de la economía primaria exportadora

Nuevas demandas del mercado internacional y crecimiento “hacia afuera”

A mediados del siglo XIX, el desarrollo de la industrialización en Gran Bretaña y el continente europeo definió una nueva división internacional del trabajo. Los países industrializados (centrales) comenzaron a demandar de los países productores de materias primas (periferias) insumos para sus industrias y alimentos para su población. A partir de 1880, la nueva vinculación del país con la economía mundial originó importantes transformaciones económicas y en la organización de la sociedad y el régimen político. El nuevo lugar en la economía mundial significaba una asociación estrecha con Gran Bretaña. El afianzamiento de este modelo de desarrollo económico “hacia afuera” fortaleció el dominio sobre el conjunto de la sociedad por parte del grupo de capitalistas agrarios. Este dominio se manifestó en el establecimiento de un régimen político fuertemente restrictivo y en el control del gobierno por parte de una elite política representante de los intereses de los grupos de mayor poder económico y social.

Comercio exterior, la inmigración e inversiones extranjeras

La expansión económica que se gestaba en la argentina estuvo profundamente relacionada con el impacto de la revolución tecnológica sobre la navegación, el costo de los transportes y la industria frigorífica que permitió la conservación de productos perecederos. Otros aspectos fundamentales del proceso de expansión económica fueron las grandes corrientes migratorias y los movimientos internacionales de capitales que se registraron entre 1875 y 1914.

Hacia 1860, la escasez de la mano de obra en la zona pampeana planteaba un obstáculo para la explotación de las tierras. Esta dificultad fue superada a partir de la incorporación de fuertes contingentes migratorios provenientes del exterior.

Los capitales extranjeros llegaron principalmente desde Gran Bretaña. Los principales destinos de las inversiones fueron préstamos al gobierno, ferrocarriles y compañías colonizadoras de tierras. También se registró un notable incremento de las inversiones en el sector bancario y en frigoríficos. El liberalismo económico en la Argentina alcanzó su máxima expresión durante la administración de Juárez Celman, otorgando concesiones a empresas extranjeras.

La expansión de la agricultura

La expansión de la línea de frontera y la expulsión de los indígenas junto con el avance del ferrocarril, que redujo considerablemente los costos de transporte, facilitaron la incorporación de nuevas tierras para el cultivo. Además, los gobiernos que se sucedieron a partir de 1880 tomaron una serie de medidas que favorecieron el desarrollo de la producción agrícola destinada a la exportación. La Sociedad Rural Argentina fue fundada en 1866 por un grupo de los más importantes terratenientes del país dedicados, en esa época, a la cría del ovino. Su lema era “cultivar el suelo es servir a la patria”, y se mostró preocupada por el desarrollo de la agricultura en el país.

Colonos, aparceros y arrendatarios

En algunas provincias, el desarrollo de la agricultura de cereales estuvo asociado con la instalación y el desarrollo de las colonias agrícolas, de inmigrantes primero, y las organizadas por compañías colonizadoras vinculadas con los ferrocarriles, más tarde. Estos colonos le compraban las tierras a los terratenientes a los Estados provinciales o a las compañías colonizadoras.

Los terratenientes utilizaron dos sistemas: el sistema de aparcería y el sistema de arriendo. En el primero, los estancieros dividían sus latifundios y entregaban parcelas de una extensión variable, según la disponibilidad de capital con que contaran los interesados. El terrateniente aportaba el capital fijo y el capital variable necesario para la producción. El productor directo aportaba su trabajo y recibía la mitad del producto de la cosecha. En el segundo sistema, el arrendatario se comprometía a pagar al terrateniente un arriendo en dinero y él mismo disponía del capital suficiente para poner en marcha la producción. A partir de 1900, cada vez más terratenientes ganaderos decidieron diversificar su producción y comenzaron a organizar la explotación agrícola por su propia cuenta y, a través de empresas capitalistas, contrataban mano de obra asalariada.

La expansión de la ganadería

La nueva producción vacuna: la diferenciación entre terratenientes invernadores y criadores

El refinamiento de las pautas de consumo de los habitantes de las ciudades planteó a los hacendados la necesidad de mejorar la calidad de las carnes destinadas al abastecimiento del mercado interno. Comenzaron a organizar zonas de invernada, más cerca de los centros de consumo que disminuía los viajes y aumentaba la calidad de la carne. Esto dio origen a la diferenciación entre los invernadores y criadores, que ante la disminución de la demanda internacional de carnes finas, dejaron de invertir en el mejoramiento de los stocks vacunos.

Los frigoríficos: el enfrentamiento entre productores ganaderos y empresas industrializadoras

En los primeros años del siglo XX, la exportación de ganado en pie hacia Inglaterra fue reemplazada por exportaciones de carnes enfriadas y congeladas. Para lograr esto, los ganaderos tuvieron que intensificar el mejoramiento de sus rodeos mediante la alimentación y la cruza con animales finos de origen extranjero. Los campos de invernada se extendieron y se incorporaron los alambrados. Los mercados europeos dejaron de aceptar exportaciones en pie y los frigoríficos fueron la única posibilidad de exportación de carne. Los productores ganaderos frecuentemente se enfrentaron con las empresas industrializadoras por el precio de venta del ganado.

Los cambios en la producción Industrial

La expansión de las exportaciones de productos agropecuarios tuvo un fuerte impacto sobre la producción industrial del país. Por un lado hizo posible la instalación de las primeras plantas fabriles modernas, pero por otro lado, acentuó la decadencia de las industrias artesanales. La gran expansión produjo un aumento general en los ingresos de la población y esto se tradujo en un aumento de la demanda de diferentes bienes de consumo.

Expansión de la economía primaria exportadora, crecimiento urbano y diversificación de la sociedad

A partir de 1880, ante la expansión agroexportadora, los terratenientes y sus socios comerciales realizaron fuertes inversiones en nuevas tecnologías y en la modernización y extensión de los sistemas de transporte. Esta expansión dio un fuerte impulso al crecimiento de los centros urbanos más importantes del país y originó la diferenciación de nuevos grupos sociales entre la población urbana y rural. Ante la llegada de los inmigrantes y el crecimiento de la población, el gobierno tuvo que emprender una ampliación de los servicios urbanos, que a su vez significó la ampliación de la oferta de trabajo.

La inmigración extranjera

Esta corriente inmigratoria formó parte de los grandes movimientos de personas que desde diversos países de Europa se desplazaron hacia otros continentes durante la segunda mitad del siglo XIX. Los migrantes dejaron sus países de origen por falta de empleo y por las dificultades que enfrentaban para sobrevivir. La decisión de migrar estuvo ligada con las expectativas de mejorar el nivel de ingresos y mejorar su posición social en el nuevo país de residencia o en el de origen, si es que decidía volver. Otros factores que fomentaron la inmigración fueron la disminución de los costos de transporte marítimo y la propaganda desplegada por los gobiernos de algunos Estados. El gobierno abrió una serie de agencias en Europa con el objeto de estimular la inmigración, ofreciendo el financiamiento del pasaje, la provisión de alojamiento y el traslado al lugar de residencia definitivo. La argentina recibió predominantemente inmigrantes provenientes de los países del sur de Europa.

Localización y ocupaciones de los inmigrantes

Muchos de los inmigrantes arribaron con la esperanza de convertirse en propietarios de una parcela de tierra de cultivo. Aunque la producción agropecuaria se hallaba en pleno auge, la mayor parte de los inmigrantes no logró transformarse en propietario de tierras. Estas eran de los grandes terratenientes y el acceso a las mismas era muy difícil. En las áreas rurales tampoco se registraba una demanda de mano de obra asalariada estable. Por estas razones, la gran mayoría de los inmigrantes se quedó a vivir en las ciudades y se emplearon como trabajadores asalariados en diversas actividades económicas urbanas. También podían trabajar en los numerosos talleres industriales que existía en esas ciudades y otros centros urbanos del Litoral.

El proceso de urbanización

Entre 1895 y 1914 el país experimentó un proceso de intensa urbanización, que se manifestó en el aumento de centros urbanos y en el enorme crecimiento de las grandes ciudades. Pero este proceso no fue resultado del desarrollo de un paralelo proceso de industrialización. El desarrollo de las nuevas actividades urbanas, secundarias o terciarias, de mínima elaboración, originó la diferenciación de la población urbana en diversos grupos según el trabajo que desarrollaban y el nivel de ingresos que obtenían. Los profesionales que trabajaban de forma independiente conformaron los sectores medios urbanos o clases medias. Al mismo tiempo, en las ciudades se fueron diferenciando otros tipos de trabajadores que trabajaban en los talleres y, junto con los obreros de la industria agropecuaria, constituyeron los sectores populares urbanos o clase popular.

La elite tradicional

El sector de mayor poder económico y social estaba integrado por familias criollas tradicionales vinculadas con el comercio de exportación de carnes y cereales. Este grupo, la elite tradicional, intentaba diferenciarse del resto de la sociedad presentándose como los “auténticos representantes de la nacionalidad”. Los “nuevos ricos”, beneficiados por las nuevas posibilidades de enriquecimiento, accedieron a este núcleo privilegiado y fueron reconocidos como parte de la elite.

La organización del régimen de gobierno oligárquico

En 1880, después de la definitiva subordinación de Buenos Aires al Estado nacional, el general Julio A. Roca asumió como presidente de la República y proclamó como lema de su gobierno “Paz y administración”. Roca sabía que podía asegurar la obediencia de las autoridades constituidas a través de la intervención del poderoso ejército que respondía a las órdenes del presidente, pero también pensaba que esta meta podía ser lograda a través de un gobierno ordenado y estable. De esta manera se propuso establecer quiénes serían los encargados de gobernar. Aspiraban a que este nuevo régimen fuera reconocido como legítimo, para lo cual era necesario que se generalizara una creencia compartida acerca de la justicia de las reglas que establecían la organización del poder político.

Bajo las ideas de Alberdi, los grupos dirigentes fueron organizando un régimen que procuraba conciliar los valores de una república abierta a todos, con los valores jerárquicos de una república restrictiva, circunscripta a unos pocos. Este régimen limitaba la participación política de la población. La minoría privilegiada legitimó su poder político en su poder económico y en su educación y preparación para el gobierno. Este criterio de legitimidad fundado en la riqueza permite caracterizar al gobierno como oligárquico. La limitación de la participación política no generó conflictos sociales mientras se desarrolló una expansión económica sostenida.

El control de los cargos de gobierno y el fraude electoral

Para Roca y para Alberdi, la clave para lograr un gobierno efectivo que asegurara la paz y garantizara las condiciones para el desarrollo del progreso era el mecanismo de elección de los gobernantes. Las elecciones consistían en la designación del sucesor por el funcionario saliente. En el sistema de gobierno había electores, poder electora, elecciones y control, pero en la práctica no funcionaba. De este modo, la concentración del poder electoral clausuraba el acceso a los cargos gubernamentales para otros pretendientes que no fueran los designados por el funcionario saliente. Así se consolidó un sistema de hegemonía gubernamental, dominado por la minoría oligárquica. Eran los miembros de la oligarquía nucleada en el Partido Autonomista Nacional quienes designaban los cargos de gobierno.

El gobierno impedía el acceso de los candidatos de la oposición a los cargos legislativos y se aseguraba la integración del Colegio Electoral con hombres de su confianza. A través de los caudillos electorales, los líderes políticos del partido gobernante controlaban los comicios, interviniendo de diferentes formas en el momento de la emisión del voto por parte de los ciudadanos. Muy frecuentemente se organizaban votos colectivos, la repetición del voto y la compra de sufragios. La violencia también era un medio para impedir que los miembros de las parcialidades opositoras se acercaran a las mesas electorales.

El régimen oligárquico fue a la vez liberal y conservador. Desde 1880, la elite gobernante propuso leyes e impulsó obras que significaron la concreción de los ideales del liberalismo y su difusión en la sociedad. El avance de la secularización en las políticas de gobierno originó el enfrentamiento con la jerarquía de la Iglesia Católica. Sin embargo, al mismo tiempo, la clase gobernante mantuvo la restricción de los derechos políticos de los ciudadanos, denotando un sistema conservador.

El proyecto educativo: la ley de educación común

Con una mayoría de congresales de orientación ideológica liberal, el Congreso Pedagógico reunido con el fin de discutir las bases del tipo de educación, llegó a la conclusión de que la enseñanza en las “escuelas comunes” debía ser gratuita y obligatoria. También hizo propuestas sobre la educación rural, escuelas de adultos y escuelas especiales. El Congreso evitó pronunciarse sobre la cuestión religiosa vinculada con el problema de la educación. En 1884, se sancionó la Ley de Educación Común, que incluía las recomendaciones y propuestas enumeradas en las conclusiones del Congreso Pedagógico.

La construcción de la “nacionalidad” argentina

Los miembros de la elite dirigente comenzaron a advertir y a preocuparse por la falta de integración de la enrome cantidad de extranjeros. Advirtieron que el proceso social y cultural no podía abandonarse a su movimiento espontáneo y que el Estado nacional debía prestar atención a las celebraciones de las fiestas patrias, ala colocación de banderas y a la enseñanza del pasado en la escuela. Al mismo tiempo, los gobernantes procuraron despertar la adhesión de los extranjeros a la nacionalidad argentina.

La crisis del régimen de exclusión política

La crisis económica de 1890

Desde mediados de la década de 1880, los problemas financieros pusieron en crisis la estabilidad del gobierno y favorecieron la organización de la oposición política sobre nuevas bases. Esta crisis tuvo la particularidad de desencadenarse en la Argentina y de arrastrar con ella a uno de los más importantes inversores británicos: la banca Baring. Desde 1885 comenzó un proceso de pérdida de valor del peso argentino, resultando en inflación y en la pérdida del valor adquisitivo en pesos. Esta inflación resultaba beneficiosa para los sectores vinculados con la exportación, pero perjudicaba a quienes dependían de ingresos fijos. Entre 1887 y 1889 tuvo lugar el primer movimiento huelguístico de importancia en el país. Ante estas manifestaciones de descontento social, la oposición política ganó confianza e inició una revolución con el objetivo de derrocar al gobierno.

La revolución del parque

La oposición contra la gestión del presidente Juárez Celman fue encabezada por la Unión Cívica, organizada por Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem. Estos invitaron a los habitantes que no estuvieran de acuerdo con el gobierno a reuniones abiertas. La situación se agravó cuando algunos grupos del PAN le retiraron su apoyo al gobierno de Celman. La Unión Cívica y estos grupos del PAN estaban de acuerdo en que era necesario terminar con la corrupción administrativa que se había generalizado. Pero los opositores no estaban de acuerdo entre ellos sobre los objetivos políticos que debía tener el movimiento contra el gobierno. La Unión Cívica, que contaba con el apoyo de un sector del ejército, decidió enfrentar militarmente al gobierno. La revolución fue derrotada, pero Celman renunció. Con el acuerdo de la fracción de la Unión Cívica liderada por Mitre, Carlos Pellegrini asumió la presidencia con el objetivo de restablecer el control oligárquico.

La continuidad oligárquica

Hasta 1910 se sucedieron presidentes cuyo mantenimiento o no en el gobierno dependía de si contaban con el apoyo de los notables del PAN y otras facciones de minoría dirigente. Entre 1890 y la Primera Guerra Mundial, el grupo gobernante no encontró una solución política adecuada a las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo en el país. La población había crecido, pero la elite no encontró mecanismos para comunicarse con ella y transmitirle sus valores. Por esta razón, cuando en 1912 entró en vigencia un nuevo sistema electoral basado en el sufragio universal y sin fraude, la oligarquía conservadora comprobó que la adhesión que tenía entre los ciudadanos era minoritaria.

La Unción Cívica Radical

Desde 1890, la Unión Cívica se consolidó como una organización política de un nuevo tipo que produjo un cambio en el modo de comprender y hacer política. Sus dirigentes impugnaron la legitimidad del régimen basado sobre la exclusión y el fraude electoral. Luego de la revolución que fracasó, la Unión Cívica se fragmentó en dos líneas. La Unión Cívica Nacional, conducida por mitre y la Unión Cívica Radical, liderada por Alem. La UCN propuso el acuerdo con el gobierno y en los años siguientes ocuparon cargos legislativos. La UCR se orientó hacia la intransigencia, negando la legitimidad al acuerdo y decidieron mantenerse en la resistencia. En 1904, Yrigoyen asumió como jefe de la UCR e impuso la línea de la abstención electoral. En 1905, la revolución impulsada por Yrigoyen fracasó, pero advirtió al gobierno sobre los riesgos de mantener por mucho más tiempo la restricción del sistema político. Desde entonces, entre la minoría dominante se acentuó la preocupación por transformar las reglas del juego para lograr la participación política de sectores hasta entonces excluidos. El mantenimiento de esta exclusión parecía más peligroso que una incorporación política controlada por la oligarquía.

La Ley Sáenz Peña: hacia la democracia ampliada

En el centenario de la Revolución de Mayo el discurso oficial apenas alcanzaba a disimular la otra cara de la realidad: una huelga general aún peor que la del año anterior y una bomba en el Teatro Colón puso en evidencias las tensiones y la violencia. Una honda preocupación por el rumbo de la nación invadía a los espíritus más reflexivos.

A principios de 1912 fueron sancionadas las leyes que establecieron una reforma electoral: una ordenaba la confección de un nuevo padrón electoral y la otra instuía el voto secreto y obligatorio. En los años siguientes los conservadores no lograron consolidar un partido político con apoyo popular. El radicalismo, en cambio, se convirtió en el movimiento político más poderoso del país. En 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia de la República Argentina.

1916-1930

Hipólito Yrigoyen fue presidente entre 1916 y 1922, año en que lo sucedió Marcelo T. de Alvear. Aunque los dos eran radicales, ambos presidentes eran muy diferentes entre sí. Yrigoyen, para unos, era quien venía a develar el régimen y a iniciar la regeneración. Para otros era el caudillo ignorante y demagogo. Alvear, en cambio fue identificado con los grandes presidentes del viejo régimen y su política se asimiló con los vicios o virtudes de aquel. Ambos tuvieron el doble desafío de poner en pie las flamantes instituciones democráticas y conducir las demandas de reforma de la sociedad, que el radicalismo había prometido.

La Primer Guerra Mundial modificó todos los datos de la realidad: la economía, la política o la cultura. Inicialmente Yrigoyen mantuvo la política de Victorino de la Plaza, su antecesor: la “neutralidad benévola” hacia los aliados suponía continuar con el abastecimiento de los clientes tradicionales. Estados Unidos pretendió arrastrar consigo a los países latinoamericanos, luego del ataque de Alemania. La Argentina había resistido tradicionalmente las apelaciones del panamericanismo, una doctrina que suponía la identidad de intereses entre Estados Unidos y sus vecinos americanos. Las opiniones se dividieron de un modo singular: el Ejército tenía simpatías por Alemania, mientras que la Marina se alineaba por Gran Bretaña. Yrigoyen mantuvo una neutralidad que no lo enemistaba con los aliados, pero lo distanciaba de Estados unidos. El sentimiento antinorteamericano había venido creciendo desde 1898. Un escritor había identificado a Estados Unidos con el materialismo, contraponiéndolo al espiritualismo hispanoamericano. La postulación de una unidad latinoamericana militante contra el agresor fue reforzada por la Revolución Mexicana. Esta Unión Latinoamericana recogía los motivos antiimperialistas también presentes en otro movimiento de dimensión latinoamericana: la Reforma Universitaria.

Crisis social y nueva estabilidad

El gobierno radical se propuso expandir la economía primaria y modificar la distribución de la riqueza en favor de los trabajadores urbanos. Este proyecto se vio dificultado por la situación económica internacional que originó la Primera Guerra Mundial. Entre 1913 y 1917, la economía argentina vivió una depresión originada por la interrupción de las exportaciones y disminución de las importaciones. El desempleo se generalizó y, cuando en 1918 comenzó un período de auge, se generalizó la inflación. Las huelgas comenzaron a multiplicarse en las ciudades, y la fuera de las mismas se incrementaba por su capacidad de obstaculizar o paralizar el embarque de las cosechas. Estos reclamos tuvieron éxito en buena medida por la nueva actitud del gobierno, que abandonó la política de represión, colocándolo en la posición de arbitro entre las partes. Esta predisposición negociadora parecía dirigirse especialmente a los trabajadores de la Capital, potenciales votantes de la UCR.

Tanto los sindicalistas como el gobierno transitaban por una zona de equilibrio muy estrecha, que la propia dinámica del conflicto clausuró en 1919. Una huelga realizada por los obreros de la metalúrgica Vasena en reclamo de una jornada laboral de ocho horas se extendió a otras fábricas de la Capital Federal. El gobierno decidió imponer el orden enviando a la policía y luego al ejército. Los enfrentamientos se sucedieron durante varios días con varios muertos y los acontecimientos fueron recordados como la “Semana Trágica”.

Este año marcó una inflexión en la política que era, hasta entonces, algo benévola y tolerante. Luego de la experiencia de 1919, el gobierno abandonó sus veleidades reformistas y retomó los mecanismos clásicos de la represión, ahora con la colaboración de la Liga Patriótica. La ola huelguística se había atenuado en las grandes ciudades, aunque perduraba en zonas más alejadas. En estos lugares, los efectos de la coyuntura económica internacional, traducido por empresas incontroladas que perjudicaron a los trabajadores, hicieron estallar entre 1919 y 1921 fuertes movimientos huelguísticos. El gobierno autorizó a que fueran sometidos mediante ejercicios de represión militar.

Los sectores propietarios, derrotados en 1916, conservaron inicialmente mucho poder institucional, pero estaban a la defensiva. En 1919, los fantasmas de la revolución social los despertaron bruscamente, fundando la Liga Patriótica Argentina. Esta liga se movilizó en defensa del orden y la propiedad y la reivindicación chauvinista del patriotismo y la nacionalidad, amenazada por la infiltración extranjera. Fue notable su capacidad de organizar un gran numero de brigadas que imponían el orden a palos y presionaban al gobierno, que tuvo en cuenta la magnitud de las fuerzas polarizadas en torno de la Liga. La Liga se presentó como una contrarrevolución, aportando los motivos del orden y la patria. Representaban el rechazo a la movilización social y la crítica a la democracia liberal.

La llegada al gobierno de Alvear, tranquilizó a las clases propietarias. La Liga Patriótica se dedicó al “humanitarismo práctico” organizando escuelas, creando bibliotecas y fomentando obras de caridad. El Ejército empezó a interesarse en la marcha de los asuntos políticos, quizá molesto por la forma en que Yrigoyen lo empleaba para abrir o cerrar la válvula del control social. El antiliberalismo que nutre todas estas manifestaciones resultó eficaz como arma de choque y discurso unificador. Estos movimientos consideraban necesario volver a discutir cuál era el lugar de la Argentina en el mundo, qué papel debía cumplir el Estado en los conflictos sociales, cómo podían articularse los distintos intereses propietarios y otras cuestiones que habían sido desatendidas por Yrigoyen.

Surge la pregunta de hasta qué punto eran justificados los terrores de la derecha. La ola de huelgas no estaba guiada por un propósito explícito de subversión del poder, sino que expresaba la magnitud de los reclamos acumulados durante un largo período. Los sindicalistas apostaron a la negociación entre los sindicatos y el Estado. El Partido Socialista estaba también lejos de posturas de ruptura, y consideraba el perfeccionamiento de la democracia liberal como última instancia de una modernización que debía remover obstáculos tradicionales. El socialismo apostó todas sus cartas a las elecciones, y reunió en la Capital un importante caudal de votos. Buscaban la posibilidad de crear en el Congreso un ámbito de representación y apostaban en la ilustración de la clase obrera, por medio de una acción educadora. Pacifistas partidarios de la Unión Soviética confluyeron finalmente en el Partido Comunista. Pero otras tendencias progresistas, relacionadas con el leninismo, emergieron en el antiimperialismo de esa época y en el pensamiento de la Reforma Universitaria.

La acción sistemática de la escuela pública había generado una sociedad fuertemente alfabetizada, y la preocupación en torno a la “cuestión nacional” se fue desdibujando. La expansión de la cultura letrada forma parte del proceso de movilidad social al que aspiró la sociedad. Quizá por eso la Universidad constituyó un problema importante para este sociedad en expansión. La Reforma Universitaria se vinculó con otras vertientes latinoamericanas, que se alimentaron con las corrientes del pensamiento social y progresista de Europa y dieron el tono a una actitud reflexiva y crítica acerca de la sociedad y sus problemas. La aspiración al ascenso individual es solo un aspecto de esa nueva cultura que caracteriza a los sectores populares. Una cierta holgura económica aumentó el tiempo libre disponible, que empezó a ser ocupado por espectáculos culturales o de mero entretenimiento. Estos espectáculos, como el fútbol, tendieron a la homogeneización de la sociedad, en torno de una cultura compartida por sectores sociales diversos.

La economía en un mundo triangular

Con la Primera Guerra Mundial terminó la etapa del crecimiento relativamente fácil de la economía argentina. Desde 1914 se entra en un mundo más complejo, de manejo más delicado. La guerra puso de manifiesto la vulnerabilidad de la economía argentina, sostenida por las exportaciones y el ingreso de capitales extranjeros. Las exportaciones agrícolas disminuyeron junto con los capitales. Los inversores de Gran Bretaña no estaban en condiciones de alimentar la economía, y su lugar fue ocupado por lo banqueros norteamericanos. Esta fuerte presencia de Estados Unidos se manifestó por un fuerte impulso exportador de automóviles y otros productos de consumo masivo. Las grandes empresas industriales realizaron inversiones y avanzaron sobre las empresas de servicios públicos como el ferrocarril.

Por otra parte, la vieja relación “especial” con Gran Bretaña se sostenía sobre bases mínimas: las exportaciones de cereales y carne eran pagadas con algunos productos manufacturados y material ferroviario. La Argentina carecía de compradores alternativos, y Gran Bretaña podía presionar al gobierno con volcar sus compras a los países del Commonwealth, fomentando el proteccionismo. La Argentina era parte de un triángulo económico mundial, debiéndose manejar entre las dos potencias. Gracias a la venta de carne enlatada, los años finales fueron excelentes, pero luego las ventas se derrumbaron. Desde ese momento se desató un conflicto entre los criadores y los invernadores, quienes suministraban el ganado fino. El episodio probó el enorme poder de los frigoríficos, que terminó por sancionar, durante el gobierno de Alvear un conjunto de leyes que protegían a los consumidores locales y a los frigoríficos.

En los primeros años, se mantuvo la ilusión de venderle a los Estados Unidos, pero este no compraba. La Sociedad rural invitó a restringir la presencia norteamericana en la economía tras la consigna de “comprar a quien nos compra”. La expansión de la agricultura se proyectó, y el gobierno encaró una vigorosa empresa de colonización.

La guerra había tenido efectos fuertemente negativos sobre la industria que se había constituido en la época de la gran expansión agropecuaria dependiente de materias primas o combustibles importados. Apenas esta concluyó comenzó una sostenida expansión, que se prolongó hasta 1930. Las ya citadas inversiones norteamericanas fueron el principal factor de esa expansión. Gran Bretaña se encontraba preocupada tanto por el destino de las divisas como por la creciente competencia en algunos rubros de su antiguo negocio..

Ni la cuestión agraria ni la industrial estaban en el centro de la preocupación de los gobernantes, mucho más angustiados por los problemas presupuestarios. La guerra había puesto en evidencia la precariedad del financiamiento del Estado, apoyado en los ingresos de la Aduana. El gobierno de Yrigoyen respondió a las crisis con una amplia distribución de empleos públicos. Alvear intentó una política fiscal ortodoxa, pero terminó por recurrir a la misma distribución de puestos que su antecesor. En cualquier caso, era claro que el Estado debía buscar otra forma de financiar sus gastos.

Difícil construcción de la democracia

La reforma electoral de 1912 proponía a la vez ampliar la ciudadanía, garantizar su expresión y asegurar el respeto de las minorías y el control de la gestión. Respecto de la participación electoral, la masa de inmigrantes siguió sin nacionalizarse. Concedida, antes que conseguida, la ciudadanía se constituyó lentamente en la sociedad, fomentada por comités o centros creados que trataban de hacer de la práctica electoral una rutina. En buena medida, estas funcionaban al viejo estilo clientelar, tratando de influir en el voto de los beneficiados. Más específicamente estos centros apuntaban a la educación y a la integración del ciudadano y su familia en una red de sociabilidad integral, formando al ciudadano educado y consciente de sus derechos.

El crecimiento de los partidos da la medida del arraigo de la nueva democracia. La Unión Cívica Radical demostró una preocupación muy moderna por adecuar sus ofertas a las cambiantes demandas de la gente. El Partido Socialista también tenía una organización formal, pero carecía de dimensión nacional. Los partidos de derecha solo se constituyeron en el nivel provincial.

La participación, finalmente, arraigó y se canalizó a través de los partidos, como lo testimonian las cifras de los comicios. Pero en cambio, el delicado mecanismo institucional, que también es propio de las democracias, no llegó a constituirse plenamente, y la responsabilidad le cupo a todos los actores.

El radicalismo logró, en 1918, obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la clave seguía pasando por el control de los gobiernos provinciales. Yrigoyen no vaciló en intervenir las provincias desafectas, organizando luego elecciones en las que triunfaban sus candidatos. Yrigoyen planteó un conflicto con el Congreso desde el primer día de su mandato. Este conflicto se hizo evidente con las intervenciones estatales, solicitando en unas pocas una ley parlamentaria para intervenir.

Si bien Yrigoyen reiteraba prácticas muy arraigadas, su justificación era novedosa. El presidente debía cumplir un mandato y una misión, la “reparación”, y eso lo colocaba por encima de los mecanismos institucionales.

Es posible que la elección de Alvear por Yrigoyen apuntara a limar asperezas con unos sectores opositores. El popular Yrigoyen fue contrapuesto al oligárquico Alvear. A fines de 1923 Alvear pareció inclinarse decididamente por el grupo opositor, al nombrar ministro del Interior a Vicente Gallo, de la corriente denominada antipersonalista. Desde entonces Alvear quedó en el medio del fuego cruzado entre antipersonalistas y los yrigoyenistas.

La derecha conservadora estaba por entonces totalmente volcada a impedir el retorno de Yrigoyen, en quien veía encarnados los peores vicios de la democracia. A diferencia de 1916, la derecha política estaba segura de sus objetivos, y del apoyo que tenía entre las clases propietarias. La Liga Republicana pugnaba en contra del sufragio universal y la democracia oscura, que debía ser reemplazada por la segura dirección de un jefe, rodeado de una elite. Se comenzó, también, a darle más importancia a las Fuerzas Armadas. La adhesión manifiesta del general Uriburu permitía alentar esperanzas de un golpe militar regenerador, oferta que se le daba a los grupos nacionalistas.

Las Fuerzas Armadas bajo la conducción del general Justo se habían reequipado adecuadamente. El presidente Alvear se mostraba sensible a los planteos del grupo de los ingenieros militares. Un militar, Mosconi, presidía YPF, que se expandió en la explotación y avanzó en el mercado interno. Es notorio que las Fuerzas Armadas estaban ocupado un lugar cada vez más importante en el Estado.

La vuelta al gobierno de Yrigoyen reactualizó viejos resquemores. Quien se perfilaba como la cabeza natura en el Círculo Militar era el general Uriburu, aunque carecía de sólido arraigo en un Ejército cuya conducta era todavía un enigma.

La vuelta de Yrigoyen

Desde 1926, la opinión se polarizó en torno de la vuelta de Yrigoyen. El yrigoyenismo fortaleció la imagen mítica del caudillo que, en esta ocasión utilizó la bandera de la nacionalización del petróleo. En los años anteriores el problema petrolero se había instalado en la discusión pública, y la presencia extranjera era repudiada. La bandera de la nacionalización se vinculaba con la nueva y fuerte hostilidad de los sectores terratenientes hacia Estados Unidos. Da la impresión de que de alguna manera el petróleo aparecía como la panacea que aseguraría la vuelta a la prosperidad. En 1928 Yrigoyen resultó victorioso. El proyecto de nacionalización fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero se detuvo en el Senado.

Mientras tanto, Yrigoyen firmó un acuerdo con Gran Bretaña, que estableció fuerte concesiones comerciales a los británicos. Este tratado muestra a Yrigoyen solidarizado con la corriente de robustecer las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, en desmedro de las nuevas con Estados Unidos.

Lanzado a conquistar el último baluarte independiente, el gobierno apeló a los clásicos mecanismos de distribuir empleos públicos e intervenir provincias.

La fuerte crisis de 1929 desató una fuerte inflación, reducciones de sueldos y despidos, que se reflejaron inmediatamente en resultados electorales que no favorecían al radicalismo. La senilidad y la incapacidad para dar respuestas rápidas la crisis por parte de Yrigoyen daba un nuevo argumento a los opositores. Las discusiones giraban acerca de si se buscaría una solución institucional o se apelaría a una intervención militar. Los candidatos a comandarlo eran el general Justo y el general Uriburu. El golpe de Estado sucedió el 6 de septiembre de 1930.

La indiferencia con que fue acogido el fin de una experiencia institucional sin duda importante obliga a una reflexión acerca de su consistencia. Lo que el radicalismo no logró fue traducir institucionalmente el proceso de participación por parte de las masas. Podría decirse que tampoco logró desprenderse de las prácticas corrientes en el viejo régimen. Si después de los cambios planteados por la Primera Guerra Mundial el radicalismo pretendía gobernar democráticamente, tenía que encontrar las formas institucionales de resolución de los conflictos, ampliando los espacios de representación, así como los mecanismos estatales de regulación. Estas cuestiones dominaron el período siguiente.

1930-1943

La Restauración Conservadora

En 1930, el general Uriburu asumió como presidente provisional y le transfirió el mando, en 1932, al general Agustin P. Justo, que había sido electo el año anterior. Este gobierno provisional vaciló entre la “regeneración nacional” y la restauración constitucional.

Regeneración nacional o restauración constitucional

La incertidumbre era común a todos los que había concurrido a derribar al gobierno de Yrigoyen e interrumpir la continuidad constitucional. La mayoría apoyaba la política de mano dura adoptada con el movimiento social. Pero la movilización social, por parte de sindicalistas, anarquistas o comunistas, era escasa.

Para los protagonistas del golpe, la revolución se había hecho contra los vicios atribuidos de la democracia, pero no había acuerdo sobre qué hacer luego, y se vacilaba entre diversas propuestas. Los nacionalistas sostenían un elitismo autoritario, fortalecidos por el suceso que estas propuestas estaban teniendo en el mundo. Uriburu hizo todo lo posible por apoyar estas propuesta, predicando las ventajas del corporativismo, pero, al ser derrotado en una elección, se convirtió en un cadáver político. Los nacionalistas, más eficaces para golpear que para construir, se fueron distanciando del gobierno.

En el Ejército, los temas tradicionales contra la democracia se habían integrado con el anticomunismo y un ataque al liberalismo. Reclamaban una vuelta a una sociedad jerárquica, organizada por un Estado corporativo y cimentada por un catolicismo integral. El objetivo principal del Ejército era constituir una nueva minoría dirigente, nacional y no dirigida al extranjero.

Por el otro lado, el grueso de la clase política optaba por la defensa de las instituciones constitucionales. Los socialistas y demoprogresistas pasaron a la oposición. La lucha entre los partidos políticos creo las condiciones para un reagrupamiento de fuerzas en torno a la candidatura de Justo. Justo se presentaba como un militar con vocación civil, que contaba con el respaldo del Ejército. Entre sus líneas predominaba la desconfianza hacia la política y una postura básicamente profesional, que inclinó la balanza en favor de Justo.

La mayor dificultad estaba en los radicales, que entre ellos discutían si se debía apostar a la carta electoral o a derribar al gobierno con un movimiento cívico-militar. Como la candidatura de Alvear fue vetada, los radicales volvieron a su antigua táctica de la abstención, dejando el campo libre a la candidatura de Justo.

En la elección de 1931 lo enfrentó únicamente una coalición del Partido Socialista y el Demócrata Progresista, de escasa organización partidaria. Justo no tuvo un triunfo aplastante, permitiendo que la oposición ganara una respetable representación parlamentaria. Las formas institucionales estaban salvadas y la revolución parecía haber encontrado un puerto seguro.

Justo procuró equilibrar la participación de las distintas fuerzas en su gobierno, aunque se mostró reticente hacia los partidos conservadores. Los partidos oficialistas ganaron las elecciones utilizando técnicas muy conocidas. La aplicación de estos mecanismos sirvió para bloquear el camino al partido conducido por Alvear en 1935. En la provincia de Buenos Aires se vieron las formas más groseras del fraude, que calificaban de patriótico. La estigmatización de estas prácticas demuestra hasta que punto la democracia había empezado a arraigar en la sociedad.

Intervención y cierre económico

La eficacia del gobierno debía quedar demostrada en su capacidad para enfrentar la difícil situación económica generada por la Depresión de 1930. Cesó el flujo de capitales que había alimentado la economía y los precios internacionales cayeron. El déficit del Estado pasó a convertirse en un problema grave. En la crisis, los países centrales utilizaron su poder de compra para defender sus mercados, asegurar el pago de las deudas y proteger las inversiones.

El ministro de Hacienda, Pinedo se avanzó a un rumbo novedoso, delineando dos tendencias que perdurarían. Por un lado, la creciente intervención del Estado y el cierre progresivo de la economía. Por el otro, el reforzamiento de la relación con Gran Bretaña. Se estableció el impuesto a los réditos, que fue aceptado sin discusión por los sectores propietarios.

El hecho de que las finanzas públicas dejaron de depender de los impuestos a las exportaciones y de los préstamos externos sumado a la reducción de gastos del Estado hicieron que el presupuesto se equilibrara. En 1931 se estableció el control de cambios, mediante el cual el gobierno establecía prioridades para el uso de divisas, que repartía no solo entre los sectores internos sino también entre Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1935 se creó el Banco central, cuya función era regular las fluctuaciones de la masa monetaria y regular la comercialización de la producción agropecuaria.

Por este camino, el Estado fue asumiendo funciones mayores en la actividad económica, que fue cerrándose progresivamente. La modificación más importante tuvo que ver con la industria, cuya producción empezó a crecer en el marco de la crisis. Se había constituido, en los años anteriores, un mercado consumido de importancia, y el cierre de las economías mundiales ante la crisis llevó a una sustitución de los bienes importados por otros producidos localmente. Los grandes capitales empezaron a dirigirse hacia la industria. La sustitución de importaciones ofrecía un mercado existente y una ganancia rápida.

Los sectores propietarios encontraron en la industrialización sustitutiva un nuevo campo de inversión, abriendo un nuevo campo de negociación entre estos sectores y el Estado. Los cambios en el sector agropecuario fueron menos notables. Se extendió la ocupación de las tierras y se constituyó un amplio sector de productores dependientes de un sector comercial e industrializador. Aquí el Estado intervino para regular la comercialización.

En suma, la crisis creó una serie de condiciones nuevas que hacían muy difícil el retorno a la situación previa. El cierre de la economía, la intervención del Estado y un cierto crecimiento industrial parecían datos sobre los que no se podía retornar.

La presencia británica

La relación con Gran Bretaña resultó basta controvertida. Presionada por el avance de Estados Unidos, optó por concentrarse en su Imperio, acotando en ellos la presencia norteamericana. En 1932, en la Conferencia Imperial de Ottawa, se inclinó hacia los miembros del Commonwealth, quienes tendrían preferencia en las importaciones británicas y reduciría las compras de carne congelada argentina. Esto generó la presión de mucho grupos de poder hacia el gobierno, ya veían que sus intereses estaban en peligro. En un contexto de escasez de divisas y con fuertes demandas de intereses norteamericanos, el tema de las divisas se convirtió en un punto importante para Gran Bretaña.

Roca negoció la cuota argentina de carne en lo que se denominó el pacto Roca-Runciman. Este tratado no logró aumentar la participación de los productores locales en el control de las exportaciones. A cambio, Gran Bretaña se aseguró que la totalidad de las libras generadas se emplearían en la propia Gran Bretaña, ya sea en material ferroviario o el pago de la deuda externa, entre otras cosas. Se aseguraba el cobro de los servicios de sus antiguas inversiones y el control de partes significativas de un mercado interno amenazado.

Pese a que los beneficios no eran parejos para todos los involucrados, el tratado fue apoyado por los grupos propietarios. Casi de inmediato surgieron los conflictos entre los distintos tipos de ganaderos (invernadores y criadores). En el conflicto no se discutieron los términos del tratado sino la forma en que los frigoríficos habrían de manejar los precios internos y las ventajas relativas de unos productores y otros. Se creó, en 1933, la Junta Nacional de Carnes, que regulaba este mercado.

En 1935, Lisandro de la Torre solicitó una investigación sobre el comercio de las carnes en el país. Los senadores reconocieron la existencia de abusos por parte de los frigoríficos. De la Torre denunció el trato preferencia que los frigoríficos le daban a algunos ganaderos influyentes. En una de las sesiones cayó asesinado un compañero de bancada de De la Torre. El gobierno perdió mucho ante la oposición y, en vistas a las elecciones presidenciales, esta reconstituyó sus filas.

De la Torre había sabido dar una amplitud contra el imperialismo y la oligarquía. Varios escritores responsabilizaban tanto a los británicos como a la clase dirigente por no cumplir los verdaderos intereses nacionales. Contraponían la figura de Rosas, expresión de los intereses auténticamente nacionales y una forma de gobierno dictatorial no contaminada por el liberalismo corruptor. Rosas representaba el antiimperialismo y la tradición hispana de una sociedad autoritaria y jerárquica, que contraponían a la contemporánea, corrompida por el liberalismo y el marxismo. Los dirigentes de estas posturas nacionalistas se acercaron a la Iglesia Católica, creando el espacio para la expansión de estas ideas, que empezaban a revertir el tradicional liberalismo de la sociedad argentina.

Un frente popular frustrado

Pese a sus éxitos en lo económico, Justo fue visto como ilegítimo, fraudulento, corrupto y ajeno a los intereses nacionales, generando una creciente movilización social y política. Tuvieron lugar un número sustancial de huelgas que lograron, por estos medios, la satisfacción de una parte de sus demandas. La CGT celebró un acto conjunto con los distintos partidos de la oposición en el que reclamaron por la libertad y la democracia.

En 1936, la UCR triunfó en las elecciones de diputados. Ante esto, el gobierno intervino ciertas provincias y avaló el fraude. Pinedo alertó contra el resurgimiento de las masas y justificó el “fraude patriótico”. La reacción del gobierno se dirigió contra el sindicalismo combativo. La Ley de Residencia fue aplicada contra los dirigentes de la oposición de origen extranjero. Además, el Senado aprobó una ley de Represión del Comunismo, que fue bloqueada por los diputados. Los nuevos éxitos del Tercer Reich servían para generar confianza a la militancia fascista y nacionalista.

Las derechas habían convocado a un “frente nacional”, contra el Frente Popular que se esbozaba. El Partido Comunista había abrazado la consigna del Frente Popular y se lanzó a impulsar la unidad de los “sectores democráticos” para enfrentar al nazifascismo. Se generó la convicción de que las democracias se aprestaban a dar una batalla final contra el fascismo, creando un polo de solidaridad e identificación atractivo y movilizador.

Los grupos intelectuales de Florida y de Boedo se alinearon en el bando de los defensores de la democracia. La instalación de algunas editoriales multiplicó la actividad del mundo intelectual y artístico. En ese movimiento, había un fuerte análisis de los problemas de la sociedad, la crítica y la propuesta de soluciones alternativas. Se trataba un modelo de sociedad organizada racionalmente antes que una incitación a la toma violenta del poder, predominando el espíritu reformista.

Desde 1933, la recuperación económica y la reorientación industrial empezaron a hacerse notar, y la desocupación fue absorbida. Poco a poco fueron creciendo los grupos de trabajadores de las nuevas industrias manufactureras o de la construcción, haciendo resurgir a la actividad sindical. Sus dirigentes continuaron desligando sus reclamos gremiales de los planteos políticos y, gradualmente, obtuvieron algunas mejoras. La jornada de trabajo, por ejemplo, se redujo progresivamente. El presidente Ortiz, que sucedió a Justo en 1938, procuró formarse entre los obreros una base de apoyo, interviniendo activamente en sus conflictos internos. Legalizaba a los sindicatos y utilizaba el poder arbitral del Estado para proteger a los trabajadores. Las numerosas huelgas fueron resueltas por algún tipo de transacción.

Entenderse con uno de los actores principales de la sociedad formaba parte de la estrategia general del Estado intervencionista. Los sindicalistas reconocían la importancia del Estado y hacían de él su interlocutor principal. En esto se basaba la tendencia denominada “sindicalista”.

La pieza clave del frente era la Unión Cívica Radical, cuyo cese de abstención electoral había sido impulsado. El radicalismo contribuyó a mejorar la imagen de las instituciones, cuya legitimidad se hallaba fuertemente cuestionada. Un grupo de radicales, más yrigoyenistas, sostuvo un programa muy innovador en lo social, que criticó el electoralismo conciliador de los dirigentes como radicalistas. El propio Alvear oscilaba entre ambas corrientes, recogiendo mucho del discurso progresista y de izquierda.

La consigna de la democratización resultó tentadora para grupos del oficialismo, preocupados por la legitimidad del régimen. Justo pudo imponer a sus partidarios la candidatura de Ortiz, de origen radical antipersonalista como él, pero debió aceptar la vicepresidencia a un representante de los grupos conservadores más tradicionales: Castillo. Para enfrentar la candidatura de Alvear, se recurrió sin disimulos a procedimientos fraudulentos.

Con el apoyo de Alvear, Ortiz se propuso depurar los mecanismos electorales y desplazar a los dirigentes conservadores de sus principales bastiones. La enfermedad de Ortiz lo obligó, en 1940, a delegar el mando en el vicepresidente Castillo. Desde ese entonces, volvieron a usarse los peores métodos fraudulentos, y el intento de democratización se desmoronaba.

La democracia había arraigado lenta y progresivamente en la sociedad. Quizás los partidos no supieron canalizar y dar forma a esa movilización democrática. El hecho de que las banderas de la regeneración democrática habían pasado a miembros del mismo régimen generó descreimiento ciudadano. Mientras la política quedaba asociada con el fraude, el Estado encaraba la negociación de las cuestiones de gobierno directamente con los distintos actores de la sociedad, ignorando al Congreso y a los partidos políticos.

La guerra y el “frente nacional”

La guerra mundial que se desencadenó en 1939 cambió el panorama político y planteó nuevas opciones. El primer impacto lo produjo sobre las relaciones comerciales y económicas con Gran Bretaña y Estados Unidos. El cierre de los mercados europeos redujo las exportaciones agrícolas, pero, por otro lado, aumentaron las ventas de carne a Gran Bretaña. Una suerte de “vacío de poder” regional, ayudó a que se comenzara a exportar productos industriales a países limítrofes, acentuando el crecimiento industrial iniciado con la sustitución de importaciones, haciendo que el país generara saldos comerciales favorables.

Las exportaciones tradicionales parecían tener pocas perspectivas en el largo plazo, pero las industriales tuvieron perspectivas promisorias. En 1940, Pinedo lanzó su Plan de Reactivación Económica, en el que proponía la compra de las cosechas por parte del Estado, para sostener su precio y estimular la construcción, capaz de movilizar muchas otras actividades. Advertía el problema de una economía excesivamente cerrada en sí misma y proponía estimular las exportaciones a países vecinos y a Estados Unidos. Por esta vía, habría de solucionar un déficit comercial con el país del Norte. Se trataba de una vinculación estrecha con Estados Unidos y una inserción distinta de la Argentina en la economía mundial. Requería un desarrollo mayor de los instrumentos de intervención del Estado, que utilizaría leyes contra el dumping y una intensa promoción del intercambio.

El proyecto fue aprobado por el Senado, pero la Cámara de Diputados, dominada por los radicales, había decidido bloquear cualquier proyecto en forma de repudio a la orientación fraudulenta del gobierno de Castillo. Este proyecto suponía la clausura del bilateralismo con Gran Bretaña.

La dimensión diplomática del triángulo marchaba por caminos diferentes. Desde 1932, Roosevelt cambió su política exterior y la clásica del “garrote” fue reemplazada por la de “buena vecindad”, tratando de fomentar el panamericanismo y las relaciones bilaterales. Esto era difícil con la Argentina, que tradicionalmente se había opuesto a la dirección norteamericana. Los gobernantes de la década del treinta siguieron el rumbo tradicional y obstaculizaron el alineamiento planteado.

La neutralidad en caso de guerra también era tradición, y fue adoptada en 1939, pues permitía seguir comerciando con los tradicionales clientes. Progresivamente la guerra se impuso en las discusiones internas. En 1940, se constituyó Acción Argentina, dedicada a denunciar las actividades de los nazis en el país.

Estados Unidos entró en la guerra y procuró forzar a los países americanos a acompañarlo. En la Conferencia Consultiva de Cancilleres la oposición argentina frustró los planes norteamericanos. Los grupos democráticos, opositores al gobierno, empezaron a recibir fuerte apoyo de la embajada norteamericana. El frente agrupado en torno de las consignas democráticas y rupturistas empezó a crecer. Los rupturistas condenaban simultáneamente al gobierno fraudulento, y quienes se mantenían fieles a él encontraban en el neutralismo una buena bandera para cerrar filas y enfrentar a sus enemigos.

Castillo optó por buscar apoyo entre los militares, por lo que se propuso despolitizar la institución, acallar la discusión interna y mantener el equilibrio entre las facciones. Bajo su gobierno se crearon distintas instituciones que impulsaron el avance de las Fuerzas Armadas sobre terrenos más amplios que los específicos. Rápidamente, las Fuerzas Armadas se constituyeron en un actor político. Los militares fueron encadenando las preocupaciones estratégicas con las institucionales y políticas. Era importante el papel del Estado en una sociedad que seguramente sería acosada en la posguerra por agudos conflictos. Ese ideal de Estado legítimo y fuerte poco se parecía al de Castillo. Esa difusa pero pujante sensibilidad nacional no se limitaba al Ejército, sino que estaba presente en vastos sectores de la sociedad. Así, cuando todo parecía conducir al triunfo del Frente Popular, un “frente nacional” se comenzó a dibujar como alternativa.

En esta nueva inflexión los enemigos de la nacionalidad era Gran Bretaña y la oligarquía. Este antiimperialismo empezó a ser frecuente en los discursos políticos de los radicales y socialistas. El nuevo nacionalismo condenaba a Gran Bretaña y a sus agentes locales, y derivaba en una reivindicación de la figura de Rosas. La preocupación por lo nacional se manifestó, también, en intelectuales y escritores en esfuerzos por develar la naturaleza del “ser argentino”. La expresión intelectual de esta nueva inquietud de defender o constituir lo “nacional”.

La fuerza de esta corriente nacional tardó en manifestarse. Encontrar candidatos no era fácil, y la posible victoria electoral parecía más que dudosa a medida que el gobierno retornaba a las práctica fraudulentas. Las dos alianzas políticas, que se sentían débiles empezaron a cultivar a los jefes militares. Muchos apostaban a la ruptura del orden institucional. Esta finalmente se desencadenó, cuando Castillo pidió la renuncia al ministro Ramírez, candidato radical. En 1943, el Ejército depuso al presidente e interrumpió el orden institucional por segunda vez, antes aún de haber definido el programa del golpe, y ni siquiera la figura misma que lo encabezaría.