14.7.10

Robert Dahl - ¿Qué es la democracia?

¿Qué es la democracia?

Hay algunos fines que podemos alcanzar cooperando con otros que comparten fines similares. Para alcanzar determinados objetivos comunes, algunos cientos de personas acuerdan constituir una asociación. Una de las razones por la que constituimos una asociación es para deliberar y discutir y decidir después sobre políticas. Pero todos estamos cualificados por igual para participar en la discusión de las cuestiones y decidir. Nuestra constitución debería garantizarnos a todos nosotros el derecho a participar en las decisiones de la asociación. Distintas asociaciones y organizaciones que se califican a sí mismas como “democráticas” han adoptado muchas constituciones distintas. Por desgracia, el término democracia se usa en un número sorprendentemente amplio de sentidos. Una constitución democrática debe ajustarse a un principio elemental: que todos los miembros deben ser tratados como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la asociación. Todos los miembros deben de considerarse como políticamente iguales.

Criterios de un gobierno democrático

Hay cinco criterios necesarios para cumplir la exigencia de que los miembros de una asociación tengan el mismo derecho a participar. La participación efectiva garantiza que todos los miembros deban tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sean conocidos por los otros miembros. La igualdad de voto exige que todo miembro debe tener una igual oportunidad de votar, y todos los votos deben contarse como iguales. La compresión ilustrada establece que todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles. El control de agenda supone que los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y qué asuntos deben ser incorporados en la agenda. La inclusión de los adultos establece que la mayoría de los adultos que son residentes permanentes deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los cuatro criterios anteriores.

¿Por qué estos criterios?

Desde el momento en que se incumple cualquiera de estos requisitos, los miembros no serán iguales políticamente. Si a algunos miembros se les dan mayores oportunidades que a otros para expresar sus puntos de vista, sus políticas tendrán mayores posibilidades de prevalecer. Lo mismo ocurriría si se le atribuyera distinto peso a los votos. Siempre que tengan adecuadas oportunidades de instruirse sobre las cuestiones relativas a la asociación por medio de la indagación, todos los miembros estarán igualmente cualificados. Al controlar la agenda, el grupo que la controla puede estar bastante seguro de que la asociación no actuará nunca en contra de sus intereses. Hemos descubierto los criterios que deben cumplirse por una asociación si ha de gobernarse por un proceso democrático.

Algunas cuestiones cruciales

¿Podemos aplicar nuestros criterios al gobierno de un Estado? Las instituciones políticas que generalmente pensamos como características de la democracia fueron desarrolladas fundamentalmente para democratizar el gobierno de los Estados. ¿Puede una asociación real llegar a ser plenamente democrática? Probablemente no. Los criterios nos ofrecen una medida a partir de la cual podemos evaluar las actuaciones de asociaciones reales que se pretenden democráticas. Cuando tratemos de aplicar varios criterios, probablemente descubriremos que a veces unos entran en conflicto con otros, y habremos de saber enjuiciar transacciones alternativas sobre valores en conflicto. ¿Por qué deberíamos creer que la democracia es deseable, particularmente en el gobierno de una asociación tan importante como el Estado?

¿Por qué la democracia?

¿Hay alguna forma mejor de gobernar al Estado? ¿Sería mejor un sistema de gobierno no democrático? A lo largo de este capítulo utilizaré el término democracia de modo impreciso para referirme a gobiernos reales, no ideales. Hasta el siglo XX la mayor parte del mundo proclamaba la superioridad de los sistemas no democráticos, invocando la antigua pretensión de que la mayoría de las personas simplemente no son competentes para participar en el gobierno del Estado. La mayoría de la gente nunca consintió en ser gobernada por quienes se pretendían sus superiores; fue forzada a serlo. En comparación con cualquier alternativa factible, la democracia posee al menos diez ventajas.

1- La democracia ayuda a evitar el gobierno de autócratas crueles y depravados

Los líderes guiados por el interés propio, ideologías y el nacionalismo han explotado las excepcionales capacidades del Estado para la coerción y la violencia con el objetivo de ponerlas al servicio de sus propios fines. La cuestión no es si un gobierno puede diseñar todas sus leyes de forma que ninguna de ellas lesione los intereses de algún ciudadano. Ningún gobierno puede estar a la altura de la pretensión. La cuestión es si un proceso democrático tenderá a producir menos daño a los derechos e intereses de sus ciudadanos que cualquier otra alternativa no democrática. Con todo, hay otras razones para creer que las democracias tienden a ser más justas y respetuosas de los intereses humanos básicos que las no democracias.

2- La democracia garantiza a sus ciudadanos una cantidad de derechos fundamentales que los gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden garantizar

La democracia es intrínsecamente un sistema de derechos. Por definición, ningún sistema no democrático otorga a sus ciudadanos el mismo elenco de derechos políticos. Los derechos deben hacerse verdaderamente efectivos y estar efectivamente a disposición de los ciudadanos en la práctica. Si no lo están, entonces el sistema político no es democrático. Las instituciones que otorgan y protegen los derechos y oportunidades democráticos básicos son necesarias para la democracia. Esta es una condición empíricamente necesaria para que exista la democracia. Si muchos ciudadanos dejan de apoyar a las instituciones políticas que protegen esos derechos, la democracia está en peligro.

3- La democracia asegura a sus ciudadanos un mayor ámbito de libertad personal que cualquier alternativa factible a la misma

Además de todos los derechos, los ciudadanos de una democracia tienen la seguridad de gozar de una colección de libertades aún más extensa. Una cultura democrática con casi total seguridad subrayará el valor de la libertad personal, y así dotará de apoyo a derechos y libertades adicionales. Se podría desafiar por quien creyera que todos alcanzaríamos una mayor libertad si el Estado fuera abolido en su totalidad: la audaz pretensión de los anarquistas. La coerción sobre algunas personas por parte de otras personas sería demasiado probable. Si rechazamos el anarquismo y suponemos la necesidad del Estado, un Estado con un gobierno democrático asegurará entonces un mayor grado de libertad que cualquier otro.

4- La democracia ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales

La mayoría de las personas desean ejercitar algún control sobre los factores que condicionan la satisfacción de sus deseos. La democracia protege esta libertad y oportunidad mejor que ningún otro sistema político alternativo que haya sido diseñado jamás. Podrán proteger sus derechos e intereses frente a los abusos del gobierno, y de aquellos que influyen y controlan el gobierno, únicamente si pueden participar plenamente en la determinación de la conducta del gobierno. No puede exigirse menos que la admisión de todos a una parte en el poder soberano del Estado. Si está excluido, puede estar perfectamente seguro de que sus intereses serán seriamente vulnerados por negligencia o por daño directo.

5- Sólo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse -que vivan bajo leyes de su propia elección

Vivir en asociación con otros tiene un precio: no siempre se puede hacer lo que se desea. Si uno simplemente no puede imponer sus deseos por la fuerza, deberá encontrar entonces una manera de resolver sus diferencias pacíficamente, quizás mediante acuerdos. Podemos intentar la creación de un proceso para acceder a decisiones sobre reglas y leyes que pudieran satisfacer ciertos criterios razonables.

El proceso aseguraría que, antes de que la ley fuera promulgada, todos los ciudadanos tuviéramos una oportunidad de que nuestros puntos de vista fueran conocidos. Se nos garantizarían oportunidades para la discusión. Se promulgará aquella ley que cuente con el mayor número de apoyos.

Aunque este proceso no puede garantizar que todos los miembros vayan a vivir estrictamente bajo leyes que sean el producto de su propia elección, sí sirve para expandir la autodeterminación hasta sus máximos límites posibles.

6- Solamente un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral

Esto significa que se adoptan los principios morales y sólo se toman decisiones en función de estos principios después de haber entrado en un profundo proceso de reflexión y consideración de las posibles alternativas y sus consecuencias. Ser moralmente responsable equivale a ser autónomo en el ámbito de las elecciones moralmente relevantes.

7- La democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible

Prácticamente todo el mundo tiene una visión de las cualidades humanas que son adecuadas e inadecuadas. Entre las cualidades deseables que la mayoría de nosotros desearía promover están la honestidad, la equidad, el valor y el amor. Sólo los sistemas políticos democráticos proporcionan las condiciones bajo las que pueden desarrollarse plenamente las condiciones que he mencionado.

8- Sólo un gobierno democrático puede fomentar un grado relativamente alto de igualdad política

Un gobierno democrático puede conseguir la igualdad política entre ciudadanos en una medida muy superior que cualquier alternativa factible. Los sistemas representativos modernos con sufragio universal para los adultos parecen tener dos ventajas adicionales que no puede ser necesariamente reivindicadas por las democracias y repúblicas de otros tiempos.

9- Las democracias representativas no se hacen la guerra entre sí

Países con gobiernos representativos y otras instituciones democráticas, en los que una parte sustancial de la población masculina gozaba del derecho de sufragio, no se hicieron guerra entre sí. Las democracias representativas modernas no se hacen la guerra entre sí. Están inclinadas a ver a las personas de otros países democráticos como menos amenazadoras, más dignas de confianza. Así, un mundo más democrático promete ser también un mundo más pacífico.

10- Los países con gobiernos democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos no democráticos

Las democracias eran prósperas, y en comparación, los países no democráticos eran generalmente pobres. Dado que todos los países democráticos modernos tienen economías de mercado, y un país con una economía de mercado tiende a prosperar, un país democrático moderno probablemente sea también un país rico. Los países democráticos promueven la educación de sus pueblos, y una fuerza de trabajo instruida contribuye a la innovación y al crecimiento económico. Las economías modernas dependen de la comunicación, y en los países democráticos las barraras a la comunicación son mucho menores. Al crear desigualdades, la economía de mercado puede disminuir también las posibilidades de alcanzar una igualdad política plena entre los ciudadanos de un país democrático.

Las ventajas de la democracia: resumen

La democracia no puede garantizar que sus ciudadanos serán felices, prósperos, saludables o justos. En la práctica, la democracia nunca ha llegado a alcanzar sus ideales. A pesar de sus imperfecciones, nunca podemos perder de vista lo que hace a la democracia más deseable que cualquier alternativa factible. Gozando de todas esas ventajas, la democracia constituye para la mayoría de nosotros una apuesta mucho mejor que cualquier alternativa equiparable a la misma.

¿Por qué el capitalismo de mercado favorece a la democracia?

1- La democracia poliárquica sólo ha sobrevivido en países con predominio de una economía de mercado capitalista; y nunca ha sobrevivido en un país con economía que no fuera de mercado

2- Esta estricta relación existe porque ciertos rasgos básicos del capitalismo de merado lo hacen favorable para las instituciones democráticas. A la inversa, algunos de los rasgos básicos de una economía que no es de mercado la hacen perjudicial a efectos democráticos

Las entidades económicas en una economía de mercado capitalista son propiedad de individuos o empresas y no del Estado. Puede dejarse guiar exclusivamente por los incentivos del interés propio. Los mercados sirven para controlar y coordinar las decisiones de las entidades económicas. Es un sistema que produce bienes y servicios de forma mucho más eficiente y con regularidad y orden. El capitalismo ha conducido al crecimiento económico; y el crecimiento económico es favorable a la democracia y ayuda a reducir los conflictos sociales y políticos. El crecimiento también proporciona un excedente de recursos para apoyar la educación y así estimular una ciudadanía educada y culta. Crea una clase media que por lo general pregonan por las instituciones e ideas democráticas. También ayuda al descentralizar muchas decisiones económicas.

Pero en una sociedad más compleja, para evitar el caos económico, es necesario un sustitutivo de la coordinación y control aportados por el mercado. El sustitutivo factible es el gobierno del Estado. Se convierte en tarea del Estado la asignación de todos los recursos escasos. Para ello, el gobierno necesita un plan central detallado y comprensivo. No son las ineficiencias de una economía planificada lo mas lesivo para la democracia. Son las consecuencias sociales y políticas de dicha economía. Los líderes políticos habría de tener poderes sobrehumanos de autorrestricción para resistir la tentación de usar el poder que se les otorga en beneficio propio. Las economías de planificación central se han asociado siempre con los regímenes autoritarios.

Algunas salvedades

El crecimiento económico no es exclusivo de los países democráticos, ni el estancamiento económico es exclusivo de las naciones no democráticas. Los líderes autoritarios, cuyas políticas contribuyeron a estimular el desarrollo de una floreciente economía plantaron sin saberlo la semilla de su propia destrucción. Así como el capitalismo de mercado y el crecimiento económico favorecen a la democracia, pueden ser bastante menos propicios para los regímenes no democráticos. Cualquiera sea su actividad dominante, una economía descentralizada que contribuye a crear una nación de ciudadanos independientes es altamente favorable para el desarrollo y mantenimiento de las instituciones democráticas. La planificación ocurre generalmente en los gobiernos de tiempo de guerra. Su objetivo es asegurar que las necesidades militares y la provisión de bienes y servicios básicos sean satisfechos. El sistema es desmantelado una vez restablecida la paz. Las economías de dirección central sólo han existido en países cuyos líderes eran antidemocráticos.

¿Por qué el capitalismo de mercado daña a la democracia?

3- La democracia y el capitalismo de mercado están encerrados en un conflicto permanente en el que se modifican y limitan mutuamente

El capitalismo de mercado benefició a algunos, pero también perjudicó a otros. El sistema político dotó de oportunidades para que pudiera expresarse eficazmente la oposición al capitalismo de mercado no regulado. Algunos oponentes propusieron una regulación del capitalismo de mercado, pero otros abogaron por abolirlo. El capitalismo de mercado sin intervención y regulación estatal fue imposible en un país democrático por dos razones. Las instituciones básicas del mismo capitalismo de mercado exigen una extensa regulación e intervención estatal ya que una economía de mercado no puede llegar a ser completamente autorregulada. Sin la intervención y regulación estatal, una economía de esta índole produce serios daños a determinadas personas. Los actores económicos movidos por el interés propio tienen pocos incentivos para tener en cuenta el bienestar de otros. El candidato más fácilmente accesible para intervenir en una economía de mercado con el fin de alterar el resultado inevitablemente dañino es el gobierno del Estado. El fin de la intervención estatal es la de disminuir los efectos perjudiciales de la economía.

4- Dado que el capitalismo de mercado inevitablemente genera desigualdad, limita el potencial democrático al crear desigualdades en la distribución de los recursos políticos

Recursos políticos incluye todo a lo que tenga acceso una persona o grupo y de lo que puedan valerse para influenciar directa o indirectamente la conducta de otras personas. Debido a la desigualdad en recursos sociales, algunos ciudadanos obtienen una influencia mayor que otros sobre las decisiones del gobierno. Los ciudadanos no son iguales políticamente y la fundamentación moral de la democracia se ve vulnerada.

5- El capitalismo de mercado en gran medida favorece el desarrollo de la democracia hasta el nivel de la democracia poliárquica. Pero es desfavorable para el desarrollo de la democracia más allá del nivel de la poliarquía

El capitalismo de mercado es un poderoso disolvente de los regímenes autoritarios. Cuando los gobiernos autoritarios en países menos modernizados se disponen a desarrollar una dinámica economía de mercado, probablemente se dirijan hacia su propia destrucción. Pero la desigualdad en los recursos que estimula el capitalismo produce serias desigualdades políticas entre los ciudadanos. La relación entre el sistema político democrático de un país y su sistema económico no democrático ha supuesto un formidable y persistente desafío para los fines y prácticas democráticas.

O'Donnell - Disonancias

Teoría democrática y política comparada

1.1 Una nota personal

Basado en las grandes esperanzas que suscitó la terminación de varios tipos de dominación autoritaria, emprendí el estudio de los nuevos regímenes que habían surgido. Al comienzo de estas actividades partí de dos premisas. La primera es que existe un corpus suficientemente claro y consistente de teoría democrática. La segunda es que este corpus solo exige modificaciones menores para ser utilizado como herramienta en el estudio de las nuevas democracias. El problema es que me persuadí de que ambas premisas son erróneas, lo que me privó de la lente con la que podía dedicarme al estudio de las nuevas democracias.

Una teoría adecuada de la democracia debe especificar las condiciones históricas de surgimiento de los distintos tipos de casos. La teoría democrática debe abordar complicadas cuestiones de filosofía política y de teoría moral. Una teoría de la democracia debe incluir diversos aspectos de teoría del derecho.

1.2 Introducción

Calificar un caso como “democrático” tiene consecuencias morales en la medida que en la mayor parte del mundo hay consenso en cuanto a que la democracia es la forma de gobierno preferible. Hay gran confusión y discrepancias sobre la definición de democracia. Un motivo de confusión es que la teoría democrática no es el ancla conceptual que se presume. Argumento que las actuales teorías de la democracia necesitan ser revisadas desde un punto de vista analítico, histórico-conceptual y jurídico.

1.3 La nota al pie de Schumpeter

Schumpeter ofrece su célebre definición del método democrático: el arreglo institucional para arribar a decisiones mediante el cual los individuos adquieren el poder de decisión mediante la lucha competitiva por sus votos. El tipo de competencia por el liderazgo de la democracia es una libre, es en procura de votos libres. Schumpeter no excluye otras formas menos competitivas de asegurarse el liderazgo para no quedar con un ideal totalmente carente de realismo.

Para que haya un método democrático deben existir ciertas libertades vigentes para todos. La función primordial del electorado es la de generan un gobierno y la de poder derribarlo. Schumpeter enumera ciertas condiciones para el éxito del método democrático. No hay duda de que Schumpeter tiene una concepción elitista de la democracia ya que, según él, una vez que han elegido a alguien, la acción política ya no es cosa del electorado sino de este último”.

Según Przeworski, la democracia es un sistema en el que hay competencia regulada. Un régimen sólo es democrático si se le permite a la oposición competir, ganar y asumir cargos. Giovanni Sartori centra su atención no tanto en las elecciones como en “un sistema de gobierno mayoritario limitado por los derechos de las minorías”. Las definiciones anteriores se centran en ciertas condiciones enunciadas como libertades o garantías necesarias para la existencia de elecciones limpias. Todas coinciden en incluir estos dos elementos. Hay otras definiciones que pretenden ser realistas pero no califican como tales porque enuncian características que no se encuentran en ninguna democracia existente.

1.4 Elecciones limpias

Llamo elecciones limpias a las que son competitivas, libres, igualitarias, decisivas e incluyentes, y en las que pueden votar los que gozan de ciudadanía política. Según Przeworski, esto significa que los gobernantes pueden perderlas y deben acatar el resultado.

Primera digresión comparativa

Se presume una vez realizadas las elecciones y declarados los ganadores, éstos ocuparan sus cargos y gobiernan con la autoridad y durante el período que prescribe la constitución. Pero no siempre sucede así. En muchos casos, las elecciones no son decisivas.

1.5 Los componentes de un régimen democrático, o poliarquía o democracia política

Ninguna de las definiciones realistas aclara si las condiciones que proponen son necesarias o suficientes o si simplemente aumentan la probabilidad de que haya elecciones limpias. Las elecciones a las que se refieren estas definiciones son institucionalizadas. Cuando es así, ellas son un central componente del régimen, ya que son el único medio de acceso a los principales puestos de gobierno.

1.6 Una primera mirada a las libertades políticas

Deben existir ciertas libertades o garantías concomitantes a las elecciones que continúen vigentes entre una y otra elección. El efecto combinado de las libertades no garantiza plenamente que las elecciones sean limpias, pero genera buenas probabilidades. Las libertades “políticas” son resultado de una evaluación empírica acerca del impacto de diversas libertades en la probabilidad de que las elecciones sean limpias. Éste es uno de los motivos de que no exista acuerdo general acerca de cuáles serían esas libertades “políticas”. Uno de los problemas es el límite en cada una de estas libertades. La libertad de asociación no incluye, por ejemplo, crear organizaciones con fines terroristas.

Es intuitivamente evidente que la ausencia de algunas de estas libertades (expresión, asociación o movimiento) suprime la posibilidad de que haya elecciones limpias. El acceso a esas libertades genera la posibilidad de utilizarlas como bases de protección y potenciación para el logro de la ampliación de otras libertades. Confío en haber dejado en claro que un régimen democrático es extremadamente importante por sí mismo. Dicho régimen puede rotularse simplemente una democracia.

1.7 Una apuesta institucionalizada

Cada votante tiene además el derecho de ser elegido en posiciones gubernamentales. Lo importante del derecho al sufragio y a ocupar cargos electivos es que define un agente. Esta asignación es universalista: esos derechos corresponden a todos los adultos. El sistema legal de la democracia concibe a todos los individuos como igualmente capaces de ejercitar esos derechos y hacerse cargo de las obligaciones correspondientes. Vista desde este ángulo, la democracia es el resultado de una apuesta institucionalizada. El sistema legal asigna a cada individuo ciertos derechos y obligaciones. Los individuos no los eligen. La democracia política es el único régimen resultante de una apuesta institucionalizada, universalista e incluyente.

Podemos llegar a dos conclusiones. La primera, referente a la ciudadanía política, consiste en la asignación legal y el disfrute de los derechos y libertades que antes mencioné. La otra, referente al estado, tiene dos sentidos. Uno es el del estado como entidad territorial que encuadra a los titulares de los derechos y obligaciones. El segundo sentido es el del estado como un sistema legal que promulga y respalda la asignación universalista e incluyente de esos derechos y obligaciones.

1.8 Agencia y derechos

La adopción de la apuesta democrática que concede derechos políticos universalistas es reciente. Sus orígenes nos remontan a la violenta resistencia de sectores privilegiados que se oponían a la extensión de los derechos políticos de otros. Típicamente, el argumento se basaba en que esos sectores carecían de autonomía y de responsabilidad.

Un agente es alguien dotado de razón práctica, o sea que cuenta con suficiente capacidad intelectual y motivacional para tomar decisiones que son razonables en función de su situación y sus metas. Esta capacidad hace del sujeto un agente moral, considerándolo responsable de sus opciones y de las consecuencias directas de las mismas.

1.9 La construcción legal y prepolítica de la agencia

La presunción de agencia es otro hecho institucionalizado. Es un concepto promulgado y sustentado por el sistema legal. Ésta presunción constituye a cada individuo como un sujeto jurídico, un portador de derechos subjetivos. La ley se refiere a las únicas entidades verdaderamente existentes, los individuos. El objeto y la finalidad de la ley es el individuo. Si eventualmente se obtiene como resultado un buen orden social, esto es un producto colateral.

El proceso de construcción jurídica de la agencia individual no fue ni lineal ni pacífico. Se desplegó con otro proceso: el surgimiento y desarrollo del capitalismo. El trabajador de las relaciones capitalistas es un precoz sujeto jurídico, portador de escasos derechos. Los estados y el capitalismo generaron mercados territorialmente delimitados, con lo que también así contribuyeron a generar una densa trama de derechos subjetivos. No eran éstos los derechos políticos de la apuesta democrática. Eran derechos civiles, correspondientes a actividades sociales y económicas “privadas”. Fue en su carácter de defensores de ésta clase de derechos que los liberales lograron la aprobación de constituciones que institucionalizaron por primera vez la apuesta democrática. La democracia política contemporánea acepta la apuesta incluyente y sus implicaciones mayoritarias pero, mediante sus resguardos liberales, amortigua sus riesgos.

Segunda digresión comparativa

Aunque en muchas nuevas democracias políticas se llevan a cabo elecciones limpias y tanto las elecciones como la apuesta universalista están institucionalizadas, en ellas existe escasa efectividad de los derechos civiles. En no pocos países, cuando se adoptó la apuesta incluyente aún no se habían implantado muchas salvaguardias liberales. Los privilegiados vieron en la extensión de la apuesta una seria amenaza, con lo que a menudo desencadenaron una dinámica de represión.

1.10 La ciudadanía política y sus correlatos

La ciudadanía política es una condición legalmente definida. La ciudadanía política es pública. Significa que es el resultado de leyes que deben cumplir exigencias cuidadosamente explicitadas en cuanto a su publicidad y que los derechos y obligaciones que se asignan a cada individuo implican un sistema de reconocimiento mutuo de todos los individuos.

Otra de las cuestiones planteadas por la idea de agencia se refiere a las opciones disponibles para cada individuo. Surge entonces una serie de criterios legislativos y de jurisprudencias para que los agentes se relacionen entre sí como tales, sin que haya desigualdad. La cuestión de la agencia con respecto a las opciones se ramifica con el surgimiento y desarrollo de la legislación social.

Tercera digresión comparativa

Muchos países importaron sistemas legales fundados en concepciones universalistas de la agencia individual y sus consecuentes derechos subjetivos. Es probable que el funcionamiento de estos regímenes sea significativamente diferente que en los países originarios.

1.11 ¿Libertades “políticas”?

Es difícil imaginar que las libertades de expresión y asociación puedan estar vigentes en el ámbito de la política, pero sean groseramente reprimidas en otras esferas de la vida social. Las libertades políticas se diluyen en un conjunto más amplio de las libertades civiles.

1.12 Sobre el estado y su dimensión legal

El estado incluye el sistema legal, que promulga reglas de diverso tipo y normalmente las respalda con su supremacía de coerción. El sistema legal sostiene la apuesta democrática. En la medida que esto ocurre, el estado incluye en sí mismo una dimensión muy importante de democraticidad. Asimismo, no hay en el estado ningún poder que pueda declararse por encima del sistema legal. Otro aspecto de un sistema legal es su efectividad, vale decir el grado en que efectivamente ordena las relaciones sociales.

1.13 Una mirada al contexto social

La libertad de información es un rasgo general beneficioso de la sociedad. Es relevante en prácticamente todos los espacios sociales. Ésta libertad, para ser efectiva, presupone tanto un contexto social que sea razonablemente pluralista y tolerante como un sistema legal que la respalde.

Cuarta digresión comparativa

En no pocos casos la geografía de los países incluye algunas desigualdades sociales. La pobreza material y legal es la condición de buena parte de la población de democracias viejas y nuevas. Por esto mismo, queda por investigar en qué medida y en qué condiciones los pobres y los discriminados pueden usar las libertades políticas de un régimen democrático como plataforma de protección de sus derechos civiles y sociales.

1.15 Hacia futuras indagaciones

La cuestión de qué opciones realmente habilitan la agencia es indecidible. ¿Sobre qué base podríamos trazar una firme y clara línea a partir de la cual sería posible afirmar que la agencia tiene condiciones reales y efectivas de existir para cada uno? En síntesis, todas las dimensiones de la democracia se conectan entre sí y con la cuestión de la agencia.

1.16 Coda

Durante estas exploraciones descubrimos la concepción del ser humano como un agente.

Las poliarquías y la (in)efectividad de la ley en América Latina

5.1 Introducción

Las dudas y objeciones con respecto a la condición democrática surgen de la justificada indignación que produce la lamentable situación de los derechos básicos de los pobres y vulnerables. Esas mismas dudas reflejan la vaguedad de los significados atribuidos al término “democracia”.

5.2 Poliarquía o democracia política

El país X es una democracia política o una poliarquía. Sin embargo, la pobreza es muy extendida, y las desigualdades son profundas. Schumpeter estaría de acuerdo en que, pese a las características socioeconómicas de X, este país es democrático. Otros autores ven la democracia como un atributo sistémico, dependiente de la existencia de un grado importante de igualdad socioeconómica. La definición que equipara a la democracia con un grado sustantivo de justicia o de igualdad social, sin embargo, no es útil analíticamente.

Si en el país X la pobreza extrema es una condición muy extendida, sus ciudadanos están privados de facto de la posibilidad de ejercer su agencia, debido a que no tienen tiempo o los recursos necesarios para ejercerla. Entonces parece equivocado afirmar que la democracia no tiene nada que ver con semejantes impedimentos socialmente determinados. Ésta es una cuestión importante, pero no la trataré aquí.

5.3 Derechos formales

El análisis anterior implica que existe una dimensión intermedia entre el régimen político y las características socioeconómicas. Sostengo que este nivel intermedio consiste en el grado de efectividad de la ley. Cualquiera que sea la ley, ésta debe ser igualmente aplicada por las instituciones estatales que correspondan. La igualdad de todos ante la ley es la expectativa inscripta en esta clase de igualdad. Los derechos y obligaciones formales son un subconjunto de los derechos y obligaciones asignados a la persona legal.

5.4 Un breve repaso de la evolución y la secuencia de los derechos

Hubo ciertos períodos que marcaron un avance claro en la equidad social y la democratización, pero esto hizo que disminuyera el universalismo legal de las etapas precedentes. La expansión por medio de la regulación legal de situaciones sociales nuevas, hasta entonces informalmente reguladas, y la densificación de la ley, ha sido producto de la emergencia de estados decididos a ordenar las relaciones sociales sobre su territorio. En la mayoría de los países latinoamericanos contemporáneos, la extensión de los derechos civiles a todos los adultos es incompleta, y más aún la de los sociales.

5.5 América Latina

El de la poliarquía X, es también un país donde existen los rudimentos del estado de bienestar. Lo que acabo de describir se aplica a todas las poliarquías contemporáneas de América Latina. Aquí existen enormes brechas en la efectividad de la legalidad estatal. Esas falencias son las que describiré a continuación. Las falencias en la ley vigente: pese al progreso realizado recientemente, aún existen leyes y regulaciones administrativas discriminatorias. Aplicación de la ley: los privilegiados utilizan diversas maneras para, por medio de conexiones, eximirse del acatamiento de la ley. Relaciones entre burocracias y “ciudadanos comunes”: ésta es la otra cara de la luna para los privilegiados, que para evitar la burocracia montan elaboradas estrategias y redes de relaciones. Acceso al poder judicial y a un proceso justo: en América Latina la justicia es demasiado distante, cara y lenta para que los desfavorecidos intenten acceder a ella. Ilegalidad pura y simple: en muchos países de América Latina el alcance del estado legal es limitado. Las leyes formalmente vigentes son aplicadas de modo intermitente y diferencial. Ésta ley segmentada está sumergida en la ley informal decretada por poderes privatizados. Se trata de sistemas subnacionales de poder.

Es difícil no concluir que las circunstancias que acabo de describir deben afectar profundamente el funcionamiento real de estas poliarquías. Algunas de esas regiones funcionan, en verdad, de un modo que no es democrático. Estos problemas han tendido a intensificarse, en vez de mejorar, durante las actuales poliarquías.

5.6 Acerca del estado de derecho

La aplicación adecuada de la ley es obligación de la autoridad competente. El concepto de imperio de la ley y el de estado de derecho no son sinónimos. El sistema legal es un aspecto del orden social global. Cuando se lo concibe como un aspecto de la teoría de la democracia, el estado debe ser visto no sólo como una característica genérica del sistema legal y del desempeño de los tribunales. Esto implica que haga respetar las libertades y garantías políticas de la poliarquía y que todos los agentes estén sujetos a controles adecuados y establecidos por ley sobre la adecuación de sus actos. Éste es un estado democrático de derecho.

5.7 Desigualdades, estado y derechos liberales

Una justificación adecuada del estado de derecho debe basarse en la igualdad. Ésta está en peligro dado que hoy en día las reformas legal y judicial están fuertemente orientadas hacia los intereses de los sectores dominantes. Esto tiende a producir un desarrollo dualista del sistema de justicia. En sociedades que son profundamente desiguales, éstas tendencias bien pueden reforzar la exclusión de muchos.

La democracia es también un modo particular de relación entre el estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos mismos, bajo un tipo de legalidad que sostiene la ciudadanía civil y una red de controles. La vigencia de una ciudadanía relativamente plena ayuda a generar patrones de desigualdad que son menos agudos. Las enormes distancias sociales que conlleva la desigualdad profunda favorecen diversos patrones de relaciones autoritarias en los contractos entre los privilegiados y el resto. Una consecuencia enorme es la dificultad de los primeros para reconocer a los segundos como agentes igualmente autónomos y responsables.

Junto con las libertades políticas de la poliarquía, los derechos civiles son el principal apoyo para el pluralismo y la diversidad de la sociedad. Los impulsos democratizantes más promisorios pueden provenir de luchas por la extensión de la ciudadanía civil.

5.8 Observaciones finales

Los temas del estado deben ser considerados como una parte tan central de la problemática de la democracia como lo que es el estudio de su régimen. El logro de una democracia que incluya una plena legalidad democrática es una necesidad urgente e importante. El hecho de que las luchas hacia este objetivo puedan fundarse en las libertades políticas de la poliarquía señala el potencial de este tipo de régimen, aún cuando esté dañado.

Ricardo Sidicaro - La crisis del Estado

La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)

Introducción

La propuesta de modelos a imitar se convirtió en un argumento recurrente en aquellos países que buscaban evolucionar en la misma dirección que los más modernos. En el caso argentino, en los últimos doce años los gobiernos llevaron adelante una serie de reformas de carácter neoliberal. Las preguntas que organizan nuestra indagación son: la crisis de las capacidades estatales, las características de los actores políticos y socioeconómicos predominantes durante el período estudiado y las relaciones de poder que llevaron a la adopción y mantenimiento de las políticas neoliberales.

El Estado Intervencionista argentino: los actores de su formación y de su crisis

Sobre la crisis del Estado

Cabe definir la crisis del Estado a partir de distintas dimensiones empíricas que manifiesta la pérdida o debilitamiento de las capacidades políticas, burocráticas y administrativas para realizar normalmente sus funciones. Es usual que junto con el debilitamiento de la integración social, las protestas de los perjudicados aumenten y se incremente la represión estatal y se deteriore la legitimidad del Estado. Los recursos burocráticos, presupuestarios y técnicos del estado imponen límites a los actores a cargo de la dirección política de los gobiernos.

El Estado Intervencionista en la Argentina

Las críticas al Estado fueron muy frecuentes en la opinión pública en las últimas décadas. Los actores socioeconómicos son los diferentes sectores empresarios o intereses económicos cuyas actividades afectaban decisivamente las orientaciones del sistema económico nacional. Lo que pueden parecer debates técnicos sobre las instituciones son la expresión de conflictos de intereses que involucran muchos aspectos. Los diagnósticos sobre la situación estatal están asociados a concepciones sociales, políticas y económicas.

La primera etapa del intervencionismo estatal: 1930-1955

La tendencia a la ampliación de las capacidades del Estado prevaleció durante este período. El fraude electoral de la época conservadora y el liderazgo carismático de Perón fueron los principales factores que menoscabaron la racionalidad estatal y que deterioraron la autoridad y legitimidad de las instituciones. Las gestiones peronistas y conservadoras fueron pioneras en la fijación de organizaciones burocráticas destinadas a perdurar más allá de su gestión. Los dirigentes políticos encontraron en el Estado intervencionista un medio para preservar y ampliar sus propios intereses y asegurarse el apoyo social. La transformación iniciada en 1943 puso a la burocracia militar al frente de las tareas de profundización del intervencionismo estatal. Sus sucesores peronistas mantuvieron los mismos criterios de desenvolvimiento en la esfera estatal.

La crisis del Estado y la profundización del intervencionismo: 1955-1976

La crisis de las capacidades estatales se logró a partir de la acción de la burocracia militar de destituir a todos los gobiernos civiles de esos veinte años. Sobre este fondo de inestabilidad institucional se crearon de manera contradictoria muchas estructuras burocráticas con funciones mal definidas. A diferencia del primer período de intervencionismo, la acción estatal no se basó en proyectos gubernamentales estables. Ninguno de los principales actores socioeconómicos consiguió en las dos décadas imponer de modo estable su proyecto. En los momentos que cada uno de ellos tuvo mayor gravitación sobre las decisiones estatales logró medidas para acrecentar sus beneficios. Estas ventajas circunstanciales se convirtieron en un problema cuyos efectos objetivos se trasladaban a la estructura del Estado. La base fundamental de la vigencia de un Estado, el monopolio de la coerción física, se encontró cuestionada por la existencia de organizaciones parapoliciales patrocinadas por el gobierno.

La dictadura militar y la desarticulación estatal

Los años del “proceso” correspondieron al comienzo del tercer período del intervencionismo y un salto en la crisis del Estado. La dictadura militar condujo al colapso de las instituciones y lo que cabe definir como un no-Estado. La supresión de reglas y procedimientos propios del imperio del derecho. La dictadura se propuso desarticular el intervencionismo económico y restablecer la libertad de mercado. Los intereses propios de los militares constituyeron un obstáculo para concretar el anunciado programa de achicamiento estatal. La desorganización estatal fomentó las actividades especulativas, lo que Weber denomina capitalismo aventurero. Los actores socioeconómicos más beneficiados fueron los grupos económicos concentrados y el capital financiero nacional e internacional. El régimen dictatorial introdujo los acreedores internacionales. Encontraron en el endeudamiento externo una forma de fortalecer sus disponibilidades presupuestarias. La deuda dejó establecida en el plano externo una situación de merma de la soberanía nacional.

El cuarto período y las consecuencias de las capacidades estatales para la democracia (1983-1989)

Durante los años del gobierno de Alfonsín se encararon pocas reformas para mejorar las capacidades estatales. Para reconstruir el Estado de Derecho, el objetivo principal fue la despolitización de la burocracia militar. Los juicios a las juntas constituyeron un hito de enorme trascendencia en la conciencia pública. Los grandes problemas económicos dejados por el “proceso” y la desarticulación de la estructura industrial y las obligaciones de la deuda externa se agravaron por la ausencia de capacidades estatales para desarrollar políticas de fomento de la producción. La realización de algunas privatizaciones de empresas públicas despertó la oposición del peronismo. Con el caos de la hiperinflación los precios de los productos perdieron referencia y los denominados “saqueos” aparecieron como respuesta de quienes no encontraban garantizado el compromiso que tenía el Estado de asegurar el valor de su papel moneda.

El neoliberalismo menemista y la profundización de la crisis estatal

El consenso logrado en la población luego de Alfonsín obvió la discusión de las medidas a adoptar. Las principales corporaciones empresarias festejaron la victoria ideológica. El “milagro” de la conversión de Menem pareció sorprender a los antiguos pregoneros de las virtudes del mercado.

De la identidad peronista tradicional a la gestión neoliberal

Desde su fundación el peronismo se presentó como una fuerza política preocupada por lograr mayor equidad social. El gobierno de Menem llevó adelante una gran ruptura con esta tradición. La apertura del mercado y las privatizaciones hicieron que se perdiera el efecto simbólico de las conquistas logradas durante anteriores gestiones peronistas, generando creciente malestar social y debilitando a los sindicatos.

La década menemista: neoliberalismo y globalización

El gobierno de Menem asumió como propio el programa neoliberal. La apertura importadora de la economía al comercio mundial se encontró con las consecuencias de la crisis estatal. El deficiente funcionamiento del control aduanero impedía el cobro de los impuestos. Durante el curso de la década la trama de los intereses de los actores socioeconómicos predominantes conoció un desplazamiento en beneficio de los inversionistas extranjeros. Las privatizaciones de empresas públicas suprimieron mecanismos estatales para orientar actividades económicas y sociales. Los hechos de corrupción son frecuentes en las privatizaciones de las empresas públicas. Entre las manifestaciones de la crisis de las capacidades estatales, la evasión impositiva era considerada como la más grave del país.

En 1991, Cavallo completó la política neoliberal con la convertibilidad en la relación uno a uno del peso con el dólar. La convertibilidad era un problema político en el que se resumía la renuncia estatal en el plano de la regulación de la moneda, cediendo potestades a otros actores. Las deudas públicas obligaron a destinar sumas de dinero cada vez mayores, independizadas de las necesidades de los ciclos económicos internos. La apertura y la desregulación de la economía crearon un escenario en el que permitieron actuar directamente a inversionistas mundiales, reduciendo los poderes de los grandes propietarios argentinos. Los empresarios internacionales que llegan con el libre mercado global se convierten en participantes precarios o inestables de las relaciones de poder argentinas. También con la apertura económica neoliberal llegan grandes capitales especulativos. Las altas dirigencias políticas, ante esto, consagran y oficializan la existencia de un oscuro parlamento, ajeno a todas las normas constitucionales. La legitimidad de la clase política y de las instituciones democráticas se debilita ante el reconocimiento de la existencia de poderes ajenos al orden legal formal.

Conclusiones provisorias

La etapa de sesenta años de evolución de las instituciones estatales que se clausuró en 1989 no fue homogénea pero cabe destacar la permanencia de las políticas intervencionistas y los vínculos que por medio de las mismas se creaban con la sociedad. A partir de los años sesenta se fue profundizando el deterioro de los sistemas públicos de educación, de salud y de seguridad. La falta de adecuados niveles de inversiones públicas y salarios fue la explicación del declive en esas funciones. Todas las debilidades de las capacidades a las que nos hemos referido eran las de un Estado con desorganización administrativa.

Lo novedoso de la etapa que se abrió con el neoliberalismo radicó en el abandono del proyecto intervencionista, y al suprimirse las anteriores modalidades de regulación y privatizarse las empresas públicas se potenció la crisis estatal. Las orientaciones económicas neoliberales insertaron a la Argentina de un modo pasivo en el proceso mundial de globalización. La desconexión entre gobiernos y partidos amplió la brecha entre ambos y la sociedad. Los efectos negativos del neoliberalismo en el plano de los ingresos y la ocupación deterioraron la legitimidad de la vida política, acentuada por la sospecha de la existencia de corrupción.

La lucha ideológica sobre los denominados “costos de la política” fue impulsada por un grupo de personas e instituciones que alternaban las actividades empresarias con la influencia sobre la opinión pública. Este era un singular Partido de los Negocios. Los titulares y los altos ejecutivos de los grupos económicos encuentran en el Partido de los Negocios un personal político siempre disponible para representarlos. El estado del neoliberalismo provoca efectos excluyentes que se aasemejan a los del mercado. En el horizonte utópico del neoliberalismo, no se encuentra el Estado mínimo sino la desaparición del Estado. La fragmentación de la sociedad y de los sectores perjudicados por el neoliberalismo registra límites desconocidos.

Los organismos mundiales de supervisión y de crédito ocuparon roles de tutores en la nueva economía. La merma de soberanía propia de la época de la globalización se potenció. La explicación debe buscarse en el hecho de que los actores no conforman una unidad o un bloque social, sólo los asemeja su interés por las ganancias y los negocios. La permanencia y profundización de la crisis del Estado es un elemento central que convierte en más inciertos los escenarios de desarrollo de todas las relaciones políticas y sociales.

Romero - La búsqueda de una fórmula supletoria

La búsqueda de una fórmula supletoria

Después de la revolución de 1955, por sobre aquellos problemas sociales y económicos, en los que asomaban las tensiones de los diversos intereses sectoriales, flotaba el hecho político de la persistencia de una masa mayoritaria aglutinada alrededor de un líder político proscripto. Ese hecho político se transformó en la principal y constante preocupación de quienes buscaron o ejercieron el poder, todos ansiosos por encontrar una fórmula política supletoria para salir de la encrucijada. Hallar una manera de derivar de sus propios cauces el voto y el apoyo de la masa peronista. Había que empezar por descubrir y reconocer la existencia de los nuevos sectores y los términos de los nuevos problemas.

Ya no estaban en presencia solamente de los viejos partidos políticos sino también de los viejos grupos de poder como la iglesia y las fuerzas armadas y los nuevos actores como los empresarios de pequeña y mediana industria y los sindicatos obreros. La división de todos los partidos políticos dejó al descubierto la progresiva reagrupación de sectores que antes parecían coincidentes. El problema político se concentró acerca de qué hacer con la masa mayoritaria que seguía fiel al líder proscripto. A Perón le correspondió, al fin y al cabo, hallar una fórmula supletoria de su propio nombre, con cuyo triunfo en 1973 inauguraría una nueva etapa de gobierno.

Las nuevas situaciones y las respuestas aleatorias

El régimen depuesto había acelerado un proceso de cambio social y económico y esa aceleración había modificado su estilo político. Se había constituido una república de masas. El gobierno surgido de la que se autodenominó “Revolución Libertadora” fijó su interés en la restauración de la democracia formal que resguardaría los principios republicanos y las garantías de la república de masas.

La aspiración al bienestar y al consumo creció considerablemente y muchos grupos tomaron conciencia de su marginalidad. Poco a poco creció un proletariado industrial sindicalmente organizado dentro de una concepción verticalista. Lonardi fue depuesto por su vago intento de una política de conciliación. El general Aramburu asumió el poder. El drama que quedó a la vista consistió en que eran muchos los antiperonistas y muchos los peronistas.

Se hicieron visibles los problemas estructurales y la deuda externa, pero el gobierno de la Revolución Libertadora se vio atrapado por el problema político de la masa peronista. Esta propuso respuestas de orientación liberal. Pero la realidad se opuso a la plena restauración del liberalismo y perduraron ciertas tendencias intervencionistas en la economía, y en la política continuó la proscripción del peronismo.

Arturo Frondizi precipitó la división de la Unión Cívica Radical, esbozando una aproximación al peronismo. Mientras tanto, el gobierno decretó la nulidad de la Constitución de 1949 y llamó a elecciones para reunir una Asamblea Constituyente que debía reformar la Constitución de 1853. El peronismo resolvió votar en blanco y en las elecciones de 1957, el voto en blanco resultó mayoría. La UCRI se distanció más aún del gobierno y, al reunirse la Asamblea Constituyente, impugnó la convocatoria y se retiró de las deliberaciones.

Ya en noviembre de 1956 la Convención Nacional de la UCR había proclamado la candidatura de Frondizi. Una negociación con Perón le aseguró los votos necesarios, y en la elección de 1958, Frondizi fue elegido presidente. Fue la primera fórmula supletoria. Frondizi había buscado respaldo para su gobierno en otras fuerzas, como si intentara restablecer el esquema político de Perón. En el ejercicio del poder Frondizi promovió intensamente el crecimiento de las industrias básicas, cumpliendo las finalidades de su proyecto desarrollista. Más allá de que pudo normalizar la Confederación General del Trabajo a través de la Ley de Asociaciones Profesionales, la presión militar y cierto clima de la opinión pública le impidió cumplir con otros puntos no menos importantes, produciendo la ruptura con Perón.

El ensayo desarrollista había seguido su curso con cierto éxito práctico, pero empañado por la creciente influencia de los capitales multinacionales. Triunfante en la capital, el frondizismo fue derrotado en 9 provincias. Aunque Frondizi no vaciló en intervenirlas, las fuerzas armadas lo depusieron en 1962. El ensayo desarrollista había terminado.

La crisis de los partidos políticos

Cualquiera haya sido el éxito del ensayo desarrollista trajo un nuevo estilo político y dejó planteadas nuevas opciones en materia económica. Con esto se agudizó la confusión de la opinión pública. Lo que caracterizó al período posterior a 1955 fue la liberación de innumerables opiniones sobre problemas poco tratados antes en el país. El resultado fue la división de los viejos partidos y la aparición de algunos nuevos que no tardarían en dividirse.

La UCR Intransigente, encabezada por Frondizi, pactó con Perón. La UCR del Pueblo, dirigida por Balbín, fue alrededor del problema del petróleo y en adelante la tendencia al nacionalismo económico y a la estatización pareció robustecerse. Por razones semejantes se había dividido el movimiento conservador. Lima reunía a los partidarios de una alianza con Perón en el Partido Conservador Popular. El mismo tema produjo la división en el Partido Socialista. Dentro del peronismo, a partir de la revolución que lo apartó del poder, se notó un enfrentamiento entre los que aspiraban a reconquistar el poder por la vía revolucionaria y aquellos que se mostraban dispuestos a transar con la nueva situación.

Una definición sustancial se dio en 1965 cuando se enfrentaron los sindicalistas vandoristas ante otro candidato fiel a la tradición de la autoridad de Perón. Perón echo el peso de su autoridad sobre los que querían un “peronismo sin Perón”. Esto resultó en un acercamiento entre el gremialismo vandorista y los militares que planearían el derrocamiento de Illia. Arturo Illia resultó triunfante en las elecciones gracias a la UCRP, pero su línea política no ofreció cambio alguno. En muchas mentes estaba claro que el gobierno radical debía caer para que ocupara la dirección del país el poder militar y el poder sindical.

El poder militar y el poder sindical

El poder militar y el poder sindical constituyen las bases de sustentación del sistema montado por Perón después de 1945. Esta fue otra fórmula aleatoria más, puesto que ninguno de los poderes era verdaderamente eficaz mientras Perón conservara el apoyo incondicional de una masa mayoritaria. El poder militar vio en la Ley de Asociaciones Profesionales una maniobra destinada a vincular al poder político con el poder sindical, lo que lo enfrentó a Frondizi y lo depuso en 1962.

El poder militar tuvo que esclarecer el verdadero alcance de su pensamiento político. Los que apoyaban el pensamiento conservador, llamados “colorados”, fueron vencidos por el bando “azul”, cuya tendencia era más comprensiva de la realidad social. El jefe de los “azules”, Onganía, suscribió dos comunicados en donde dejaba en claro su política de no negar la vida política de quienes desean convivir en democracia. El poder militar dejó en claro que no estaba dispuesto a avalar dictaduras conservadoras antiperonistas. En 1963, la CGT pudo desencadenar el “Plan de Lucha” contra el gobierno de Illia, que se manifestó en huelgas y hacía crecer las sospechas de si el objetivo final sería crear un ambiente propicio para un golpe militar. No faltaban testimonios para probar que el poder sindical y el poder militar estrechaban sus relaciones.

El fracaso de la paz militar

La falta de apoyo sindical y la ausencia de una fórmula que permitiera mantener alejado al peronismo del poder debilitaron al gobierno radical y robustecieron la tendencia del poder militar a hacerse cargo del gobierno. Producido el derrocamiento de Illia en 1966, el poder militar confió el gobierno a Onganía, quien inició lo que se llamó la “Revolución Argentina”.

En poco tiempo el gobierno se dio un “Estatuto de la Revolución” cuyas prescripciones invalidaban las de la Constitución y congeló la actividad política. Tales hechos dieron al gobierno una imagen confusa y sospechosa en cuanto a su orientación política. Se había supuesto que la Revolución Argentina llevaría a cabo el plan del bando azul. Por el contrario, se había descartado el plan del retorno a la democracia y al sistema institucional.

La definición económica se produjo al iniciar su acción en 1967 el nuevo ministro de Economía Krieger Vasena. El ministro se atuvo a un plan cuyas metas unían las conocidas fórmulas para reducir la inflación con elementos nuevos como la retención a las exportaciones y un ambicioso plan de obras públicas. Así, mientras las empresas “eficientes” consolidaban su posición, los sectores populares se convertían en víctimas de la nueva política.

Un vago perfume corporativista se difundió a través de toda la obra de gobierno. El gobierno de la Revolución Argentina ignoró durante largo tiempo que estaba perdiendo apoyo tanto militar como sindical. Un grupo, el más combativo de la CGT se separó en 1968 y se conoció como CGT de los Argentinos. Tantas disidencias desembocarían por fin en actos de violencia. Nada quedó de la paz militar. Ya no quedaba por experimentar ninguna fórmula que sorteara la influencia mayoritaria del peronismo.

Los movimientos populares

La violencia fue tomando formas distinta e inéditas. Había empezado a desarrollarse la guerra de guerrillas en algunas regiones del país. Entretanto, tomaban los movimientos populares otra fisonomía. El episodio más impresionante fue el producido en Córdoba, conocido como el “cordobazo”. Los estudiantes, peronistas e izquierditas se incorporaron a la insurrección urbana que tomó los caracteres de un estallido social. La policía fue superada y tuvieron que intervenir los militares. El peronismo y la izquierda clásica orientaban a los grupos más activos. Córdoba volvió a contemplar otra pueblada de semejantes caracteres en 1971, que el pueblo llamó el “viborazo”, y que logró que renunciase un indeseable gobernador.

La aglutinación espontánea de las masas populares revelaba que la sociedad misma sufría un profundo sentimiento de frustración. La consecuencia fue la formación de un nuevo poder que se presentaba en el escenario: el poder popular. Este se impuso cuando asumió sus funciones el nuevo presidente elegido por el peronismo, Héctor Cámpora. Esa presencia incontenible alarmó a la mayoría de los sectores de la opinión pública y particularmente a los sectores militares.

La polarización alrededor de Perón

A partir del “cordobazo” empezó a ser evidente la idea de que no había otra salida que devolver el poder a la masa mayoritaria. Las nuevas generaciones crearon una disyuntiva entre el poder militar y Perón. La consecuencia fue una progresiva polarización alrededor de Perón. Sin duda el poder militar había quedado descolocado. La consecuencia fue una progresiva aceptación de que la mejor salida era acabar con la proscripción del peronismo y de su jefe. Partido popular por tradición, el radicalismo reconocía el eminente carácter popular del peronismo y veía en él un buen aliado para la lucha por el retorno a la legalidad constitucional.

Todos los partidos políticos llegaron a la conclusión de que debían levantarse las proscripciones. El 11 de noviembre de 1970, un grupo de partidos políticos, encabezados por el radicalismo y el peronismo, suscribía un acuerdo muy general. El documento se conoció como “La hora del pueblo”, y expresaba:

El camino para salir de esto

Partidos políticos

Los partidos deben renovarse en lo humano y lo estructural. Debe reconocérsele la vigencia que jamás perdieron y los partidos deben actuar para que el pueblo actúe.

Estatuto político

La futura organización de los partidos y movimientos debe asegurar el poder de decisión de los ciudadanos.

Plan político

Fecha cierta de elecciones generales en todo el país, para que el pueblo elija a sus gobernantes. Nuestro país necesita urgentemente una nueva selección de dirigentes.

Compromiso de partidos

Los partidos se comprometen desde ya a crear, instrumentar e institucionalizar un régimen de gobierno con ciertas cualidades que aseguren su legalidad constitucional.

La Liberación Nacional

Nuestra Argentina es, hoy, un territorio ocupado por intereses extranjeros. La primera tarea es liberarnos. Una nación grande se construye a partir de una necesidad nacional compartida. La Liberación Nacional convoca a todos los argentinos, civiles y militares. La lucha por la Liberación Nacional marca, justamente, la hora del pueblo.


Entretanto, los partidos que habían constituido “La hora del pueblo” creyeron oportuno ahondar en el intercambio de puntos de vista y elaboraron unas “Coincidencias programáticas”, en las que descartaban el viejo modelo del país agropecuario y ensayaban uno de acentuado carácter industrial. Gracias a la política de coincidencias, la disputa por el poder no alcanzó demasiada vehemencia. Se aceptó tácitamente que era inevitable el triunfo de Perón.

Lo que ocurrió desde entonces fue un curioso proceso de aglutinación de la opinión pública alrededor de Perón. Era evidente que la figura simbólica de Perón reemplazaba aceleradamente a su figura real. Perón quedó consagrado ante crecientes sectores de la opinión pública como representante simbólico de una política nacional y popular, en la que estaba muy claro lo que el país no quería, pero que no llegó a definir positivamente sus contenidos. Contaba el peronismo con un núcleo sólido de opinión que correspondía a su vieja tradición. Era el peronismo histórico. Ese núcleo identificaba la tendencia social y económica de Perón y aceptaba todas sus implicancias políticas: la autoridad indiscutida del conductor y el autoritarismo que se deriva de ella. Alrededor de ese núcleo se aglutinaron grupos diversos y contradictorios. En cada uno de ellos era distinto el sentido de la palabra “revolución”, de la frase “liberación nacional”.

De todos modos, cualesquiera fueran las ideologías, coincidían todos estos grupos en la imagen de Perón como símbolo de una política nacional y popular. Una ola de esperanzas cundió sobre vastos sectores cuando se insinuó que, vuelto a la patria, Perón traería la solución para el despegue económico del país. En eso consistía el carisma de Perón: en lo que todos le otorgaron con la esperanza de que él lo encarnara.

Desde el punto de vista de la psicología social, se trataba de una alucinación colectiva. Se debió a que el viejo esplendor de la Argentina de la época del Centenario había declinado y porque no se había podido encontrar todavía la vía para encauzar el desarrollo de la riqueza del país. Un profundo sentimiento de frustración invadió a vastos sectores. Pero, en rigor, la Argentina no es un país frustrado. Hay, simplemente, cambio. Perón volvió. El regreso enfrentó las esperanzas con la realidad. Su movimiento había triunfado electoralmente y había llevado a la presidencia a Cámpora.

Norberto Bobbio - El futuro de la democracia

El futuro de la democracia

1- Introducción no pedida

El filósofo no tiene que ver con las profecías. La filosofía se ocupa de lo que es eterno, o sea, de la razón, y con esto ya tenemos bastante. Mi intención es pura y simplemente la de hacer alguna observación sobre el estado actual de los regímenes democráticos. Tanto mejor si de estas observaciones se pudiera extraer una tendencia en el desarrollo de estos regímenes, y por tanto intentar algún pronóstico cauteloso sobre el futuro.

2- Una definición mínima de democracia

Es necesario considerar a la democracia caracterizada por un conjunto de reglas que establecen quién esta autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Con el objeto de que una decisión sea tomada por individuos pueda ser aceptada como una decisión colectiva, es necesario que sea tomada con base en reglas. Por lo que respecta a los sujetos llamados a tomar decisiones colectivas, un régimen democrático se caracteriza por la atribución de este poder a un número muy elevado de miembros del grupo. En principio, no se puede establecer el número de quienes tienen derecho al voto para que se pueda comenzar a hablar de régimen democrático. Por lo que respecta a la modalidad de la decisión la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría. La unanimidad es posible solamente en un grupo restringido u homogéneo.

Para una definición mínima de democracia, es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u otra.

El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder democrático; en la línea que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. El Estado liberal y el Estado democrático cuando caen, caen juntos.

3- Los ideales y la “cruda realidad”

Me parece más útil para nuestro objetivo concentrar nuestra reflexión en la diferencia entre los ideales democráticos y la “democracia real”. Señalo seis falsas promesas de la democracia.

4- El nacimiento de la sociedad pluralista

La sociedad política es un producto artificial de la voluntad de los individuos. Los tres sucesos que confluyeron en la formación de la concepción individualista de la sociedad y del Estado y en la disolución de la concepción orgánica son: el contractualismo, el nacimiento de la economía política (persiguiendo el interés propio), la filosofía utilitarista según la cual el único criterio para fundamentar una ética objetiva es el de partir de consideraciones de condiciones esencialmente individuales y de resolver el problema tradicional del bien común en la suma de los bienes individuales.

La doctrina democrática había ideado un Estado sin cuerpos intermedios. Lo que ha sucedido en los Estados democráticos es exactamente lo opuesto: los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos políticamente relevantes. No son los individuos sino los grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática. El pueblo se ha dividido objetivamente en grupos contrapuestos. El modelo ideal de la sociedad democrática era el de una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante nosotros es la de una sociedad centrífuga, que no tiene un solo centro de poder, sino muchos.

5- La reivindicación de los intereses

La democracia moderna debería haber sido caracterizada por la representación política en la que el representante, al haber sido llamado a velar por los intereses de la nación, no puede ser sometido a un mandato obligatorio. La prohibición del mandato imperativo se transformó en una regla constante de todas las constituciones de democracia representativa. Jamás una norma constitucional ha sido tan violada como la prohibición del mandato imperativo. Quien representa intereses particulares siempre tiene un mandato imperativo.

Una prueba de la reivindicación de la representación de los intereses sobre la representación política ha sido el sistema denominado neocorporativo. Tal sistema está caracterizado por una relación triangular en la que el gobierno interviene únicamente como mediador entre las partes sociales, como una forma de solución de los conflictos sociales que utiliza un procedimiento que no tiene nada que ver con la representación política y es una típica expresión de la representación de intereses.

6- Persistencia de las oligarquías

Considero en tercer lugar, como una falsa promesa, la derrota del poder oligárquico. El exceso de participación puede tener como efecto la saturación de la política y el aumento de la apatía electoral. Nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia. La presencia de elites en el poder no borra la diferencia entre regímenes democráticos y regímenes autocráticos. Schumpeter sostuvo que la característica de un gobierno democrático no es la ausencia de elites sino la presencia de muchas elites que compiten entre ellas por la conquista del voto popular. Un elitista italiano distinguió las elites que se imponen de las que se proponen.

7- El espacio limitado

Mucho menos ha conseguido ocupar la democracia todos los espacios en los que se ejerce un poder que toma decisiones obligatorias para un completo grupo social. Cuando se desea conocer si se ha dado un desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería investigar los espacios en los que pueden ejercer el derecho de participar en las decisiones. Hasta que la empresa y el aparato administrativo no sean afectados por el proceso de democratización el proceso no podrá considerarse realizado plenamente. La concesión de los derechos políticos ha sido una consecuencia natural de la concesión de los derechos de libertad.

8- El poder invisible

La quinta falsa promesa de la democracia real es la eliminación del poder invisible. Es bien conocido que la democracia nació bajo la perspectiva de erradicar para siempre de la sociedad humana el poder invisible, para dar vida a un gobierno cuyas acciones deberían haber sido realizadas en público. La obligación de la publicidad de los actos gubernamentales es importante para permitir al ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de controlarlos, ya que la publicidad es una forma de control. Más que una falsa promesa es una tendencia contraria a las premisas: la tendencia ya no hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino, por el contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte del poder.

9- El ciudadano no educado

La sexta falsa promesa se refiere a la educación de la ciudadanía. La democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla. Uno de los remedios contra la tiranía de la mayoría está precisamente en el hacer partícipes en las elecciones a las clases populares. En las democracias más consolidadas se asiste impotentes al fenómeno de la apatía política. Está disminuyendo el voto de opinión y aumentando el voto de intercambio, el voto clientelar (apoyo político a cambio de favores personales).

10- El gobierno de los técnicos

Las promesas no fueron cumplidas debido a los obstáculos que no fueron previstos. Indico tres:

Los problemas técnicos necesitan de expertos. La exigencia del llamado gobierno de los técnicos ha aumentado considerablemente. La tecnocracia y la democracia son antitéticas. La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo, por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos.

11- El aumento del aparato

El segundo obstáculo es el crecimiento continuo del aparato burocrático, de un aparato de poder ordenado jerárquicamente opuesto al sistema de poder democrático. Todos los Estados que se han vuelto más democráticos a su vez se vuelven más burocráticos. El Estado benefactor, ha sido, guste o no, la respuesta a una demanda proveniente de abajo, a una petición democrática.

13- El escaso rendimiento

El tercer obstáculo está relacionado con el rendimiento del sistema. Se ha contribuido a emancipar a la sociedad civil del sistema político. La sociedad civil se ha vuelto cada vez más una fuente inagotable de demandas al gobierno. La cantidad y la rapidez de estas demandas son tales que ningún sistema político es capaz de adecuarse a ellas, por más eficiente que sea. La rapidez con la que se presentan las demandas al gobierno por parte de los ciudadanos contrasta con la lentitud de los complejos procedimientos del sistema político democrático. De esta manera se crea una verdadera y auténtica ruptura entre el mecanismo de recepción y el de emisión. En la democracia la demanda es fácil y la respuesta es difícil. Por el contrario, la autocracia tiene la capacidad de dificultar la demanda y dispone de una gran facilidad para dar respuestas.

13- Y sin embargo

Después de lo dicho hasta aquí, cualquiera podría esperar una visión catastrófica del porvenir de la democracia. Sin embargo, el espacio de los regímenes democráticos ha aumentado progresivamente. En mi análisis me he ocupado de las dificultades internas de la democracia. Mi conclusión es que las falsas promesas y los obstáculos imprevistos de los que me he ocupado no han sido capaces de “transformar” un régimen democrático en un régimen autocrático. No hablé de los peligros externos, porque el tema que se me asignó se refería al porvenir de la democracia, no al de la humanidad. Hasta ahora ninguna guerra ha estallado entre los Estados que tienen un régimen democrático; hasta ahora no las han hecho entre ellos.

14- Apelo a los valores

Si la democracia es principalmente un conjunto de reglas procesales, ¿cómo creer que pueda contar con “ciudadanos activos”? Ciertamente son necesarios los ideales. El primero es la tolerancia. Si hoy existe la amenaza contra la paz del mundo, esta proviene del fanatismo, o sea, de la creencia ciega en la propia verdad y en la fuerza capaz de imponerla. Luego tenemos el ideal de la no violencia. En un gobierno democrático los ciudadanos se pueden deshacer de sus gobernantes sin derramamiento de sangre. La resolución de los conflictos sociales es posible sin recurrir a la violencia. Tercero, el ideal de la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas y el cambio de mentalidad y la manera de vivir. Únicamente la democracia permite la formación y la expansión de las revoluciones silenciosas. Por último, el ideal de la fraternidad, la que una a todos los hombres en un destino común y deberíamos actuar en consecuencia a este.